EL CONCEJO DELIBERANTE APROBÓ LA TARIFARIA 2027 DE SAN LUIS

La norma contempla descuentos para contribuyentes cumplidores, menores costos en trámites comerciales y modificaciones en los regímenes de actividad económica, agua potable y acarreo de vehículos. Los principales cambios.

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por Julián Pampillón

El Concejo Deliberante de San Luis sancionó este jueves la ordenanza Tarifaria 2027, una de las herramientas centrales para la administración municipal, que fija los valores y las condiciones de las tasas y contribuciones que regirán durante el próximo año.

La iniciativa, impulsada por el intendente Gastón Hissa, obtuvo nueve votos afirmativos del bloque Por San Luis y cinco negativos del Bloque Justicialista. Durante el tratamiento se debatieron las modificaciones previstas para los distintos sectores y los beneficios destinados a comerciantes, familias y vecinos que mantienen sus obligaciones al día.

Uno de los principales cambios será la actualización de la Unidad Monetaria Municipal (UMM), cuyo valor pasará de los actuales $147,47 a $155,57 durante el primer trimestre de 2027. A partir de entonces, tendrá ajustes trimestrales en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de San Luis.

El presidente de la comisión de Hacienda y Presupuesto, Diego Videla, explicó que la propuesta fue examinada en profundidad y que los concejales formularon consultas y observaciones sobre la clasificación de los contribuyentes, los importes mínimos, las bonificaciones y las disposiciones de cada régimen.

Los planteos fueron trasladados al Ejecutivo, que respondió con aclaraciones y alternativas de modificación antes de la emisión del despacho por mayoría. Videla destacó el trabajo conjunto y coordinado entre ambos poderes.

El edil señaló que la nueva normativa conserva buena parte de la estructura vigente, aunque introduce ajustes puntuales para ampliar las ventajas destinadas a quienes cumplen con sus obligaciones, disminuir gastos administrativos y ofrecer condiciones más favorables en diferentes actividades.

Por su parte, la presidenta del espacio oficialista, Lizbeth Huatay, respaldó la iniciativa y la vinculó con la política de administración de recursos del Ejecutivo municipal. Según expresó, el proyecto “busca atender las necesidades de financiamiento de la ciudad” y, al mismo tiempo, “reducir cargas tributarias donde sea posible”.

La concejal remarcó que la propuesta comprende a distintos segmentos de la actividad comercial, desde los grandes establecimientos hasta los pequeños contribuyentes, a quienes definió como “una parte fundamental de la economía local”.

En ese sentido, destacó que las rebajas en tasas y sellados para habilitaciones y renovaciones representan “un acompañamiento para quienes necesitan abrir un negocio o mantenerlo regularizado”.

Huatay también hizo referencia a las modificaciones en los servicios, particularmente a las diferencias tarifarias según las zonas, las categorías de usuarios y los niveles de consumo. A su entender, contemplar esas particularidades “permite avanzar hacia un sistema más equilibrado”.

Asimismo, sostuvo que las ventajas impositivas “permiten que parte de los recursos permanezcan en los bolsillos de las familias y los comerciantes, que pueden destinarlos al consumo, otras necesidades o nuevas inversiones”.

“En resumen, se busca sostener las fuentes de financiamiento municipal para garantizar la prestación de los servicios básicos y esenciales”, concluyó.

Desde la oposición, en cambio, expresaron reparos sobre distintos aspectos de la iniciativa y mantuvieron su rechazo durante la votación.

El detalle de la Tarifaria 2027

Entre las disposiciones generales, la ordenanza fija una bonificación del 10% para quienes tengan sus obligaciones al día al 31 de octubre de 2026. A ese beneficio se suma otro descuento del mismo porcentaje para quienes cancelen anticipadamente la anualidad hasta el 15 de febrero de 2027. Ambas ventajas serán acumulables.

También continuará la exención del pago de la última cuota del año para los adheridos al débito automático que hayan abonado las 11 anteriores.

Uno de los cambios más relevantes alcanza a la contribución sobre la actividad comercial, que quedará dividida en dos modalidades: un régimen simplificado, destinado a monotributistas, y otro general, para responsables inscriptos.

En este último, la alícuota será del 2,5 por mil, aunque quienes tengan regularizada su situación fiscal accederán a una tasa diferencial del 1,5 por mil. Para el esquema simplificado, el importe general se fijó en 150 UMM y descenderá a 100 UMM para los cumplidores.

A valores actuales del Municipio, esto representa una reducción de $22.120,50 a $14.747, equivalente al 33%.

Otra modificación alcanza a los mínimos mensuales del régimen general. La propuesta original contemplaba un piso de 400 UMM y otro bonificado de 300 UMM para quienes estuvieran al día. Sin embargo, durante el análisis en comisión se resolvió profundizar esa ventaja y establecer el mínimo reducido en 200 UMM.

El criterio de alivio fiscal también se extenderá a otras actividades con alícuotas especiales. Para las entidades financieras, la tasa general será del 6 por mil y la diferencial, del 4,5 por mil. En los rubros vinculados con combustibles, disminuirá del 3,5 al 2,5 por mil, mientras que en telefonía pasará del 3 al 2,5 por mil.

La misma medida alcanzará a las tarjetas de crédito, cuya alícuota bajará del 3,5 al 2,5 por mil; a los remates feria, del 5 al 3,5 por mil; y a las cadenas de farmacias y empresas fúnebres, del 3,5 al 2,5 por mil.

En cuanto a las gestiones comerciales, se incorporará una exención por un año para los sellados correspondientes a habilitaciones, renovaciones y bajas. La medida abarcará, además, las transferencias, los cambios de razón social o titularidad, la tarjeta de habilitación comercial, el libre de deuda, las constancias comerciales y el cese de actividades.

Otro ajuste apunta a otorgar más tiempo a los comerciantes para cumplir con sus obligaciones administrativas: el plazo para presentar las declaraciones juradas vencerá el día 12 del mes subsiguiente, en lugar del 12 del mes siguiente.

En publicidad y propaganda se establecerán dos escalas: una general y otra bonificada para quienes reúnan las condiciones de buen cumplimiento. Entre las modificaciones específicas, el valor de los carteles de pie bajará de 160 a 80 UMM.

Los espectáculos y eventos también tendrán una reducción de costos. Las empresas circenses y los parques de diversiones pasarán de abonar 10.000 a 2.000 UMM. A su vez, se actualizarán las escalas correspondientes a los servicios sociales.

En materia de agua potable, se dispusieron beneficios para los usuarios de la zona 2. En el segmento familiar, el cargo por medidor descenderá de 60 a 50 UMM. Para los comercios sin explotación de recursos, la tarifa plana pasará de 400 a 360 UMM y el cargo medido, de 80 a 60 UMM. En los establecimientos comerciales de esa sección, el costo por medición se reducirá de 210 a 130 UMM, lo que representa una disminución del 38%.

Por último, se implementará un nuevo esquema para el acarreo y la estadía de vehículos en infracción, con importes diferenciados de acuerdo con el tipo y el porte de la unidad.

Actualmente, el traslado al depósito municipal tiene un costo único de $54.068. Con la nueva escala, las motocicletas abonarán $9.489,77 (61 UMM), mientras que para los automóviles la tarifa será de $44.181,88 (284 UMM).

A estas categorías se sumarán dos adicionales: los camiones, con un importe de $91.319,59 (587 UMM), y los vehículos de gran porte, cuyo costo ascenderá a $476.044,20 (3.060 UMM).

Entre las facilidades previstas, quienes retiren su rodado dentro de las primeras 72 horas pagarán la mitad del acarreo y quedarán exentos de la estadía. También tendrán la posibilidad de financiar la deuda por este último concepto en hasta 24 cuotas y recuperar la unidad con el pago de la primera.

El monto acumulado por estadía no podrá superar el 30% del valor de mercado del vehículo. Además, las unidades con más de 15 años de antigüedad contarán con una bonificación del 40% sobre ese concepto.