El Frente Justicialista impidió este jueves que la Municipalidad de San Luis obtuviera la autorización del Concejo Deliberante para incorporar ocho vehículos destinados a renovar el parque automotor para dar mayor eficiencia a la prestación de servicios públicos en la ciudad.

El proyecto impulsado por el intendente Gastón Hissa consiguió nueve votos a favor del bloque Por San Luis. Entre los seis concejales del albertismo, tres votaron en contra y otros tres se abstuvieron.

La iniciativa contemplaba la posibilidad de recurrir a distintas alternativas de financiamiento para adquirir la maquinaria y, por esa razón, requería una mayoría especial de dos tercios que finalmente no consiguió. La oposición justificó su postura en una supuesta falta de información.

Desde el oficialismo rechazaron ese argumento y señalaron que el proyecto fue analizado en reuniones ampliadas de comisión, con la participación de funcionarios municipales que respondieron consultas sobre las unidades requeridas, las modalidades de compra y las alternativas de financiamiento.

La necesidad de incorporar vehículos está vinculada con el estado en el que recibió el parque automotor después de la administración de Sergio Tamayo. A pocos días de asumir, Hissa informó que de las 247 unidades existentes solo 40 funcionaban y denunció además una superpoblación de autos y camionetas alquiladas.

El estado de los vehículos recibidos por la gestión de Gastón Hissa.

“En vez de construir una ciudad mejor, ponen palos en la rueda”

El presidente de la comisión de Hacienda y Presupuesto, Diego Videla, explicó que durante el tratamiento del proyecto hubo reuniones ampliadas en las que participaron la secretaria General, Fabiana Malamud, y el coordinador General de Servicios Públicos, Agustín Hissa.

“Durante estas reuniones se evacuaron consultas de las necesidades de las unidades, modalidades de adquisición y alternativas de financiación”, aseguró.

La incorporación podía realizarse de manera gradual, de acuerdo con las posibilidades económicas de la Municipalidad. También se contemplaba el leasing con empresas proveedoras o entidades financieras, sujeto a la evaluación de cuál fuera la alternativa más conveniente para las cuentas municipales.

Los funcionarios explicaron además que, ante la falta de unidades propias, actualmente el Municipio debe alquilar vehículos para prestar distintos servicios. La autorización permitiría destinar progresivamente parte de esos recursos a la adquisición de maquinaria que pasaría a integrar el patrimonio municipal.

La presidenta del bloque Por San Luis, Lizbeth Huatay, fue una de las más críticas con la postura del peronismo.

“Queremos trabajar en equipo, hagámoslo por el bien de los vecinos, démosle las herramientas que necesita el intendente para poder seguir prestando servicios a los vecinos como corresponde, seguir capitalizando el parque automotor que ellos saben cómo lo dejaron”, afirmó.

Huatay también respondió a los cuestionamientos de la oposición por la posibilidad de que el Municipio recurriera al endeudamiento.

“Hablan de endeudamiento y no hablan de las deudas que dejaron comprando unidades por millones, endeudando a gestiones futuras. Eso es no tener cara. Tenemos un bloque que en vez de construir una ciudad mejor, lo tenemos poniendo palos en la rueda, con un proyecto en el que les consultamos cuántas unidades querían, los procedimientos a seguir y su respuesta fue no”, cuestionó.

El intendente Hissa recibió vehículos en mal estado de la gestión anterior de Sergio Tamayo.

“Faltan argumentos para no acompañar”

La presidenta de la comisión de Legislación e Interpretación, Micaela Medina, también apuntó contra la oposición y enumeró algunos de los vehículos que la Municipalidad buscaba incorporar, entre ellos un camión mixer de hormigón para repavimentación, un camión portacontenedor para la recolección de residuos, una retropala con martillo neumático para intervenir ante pérdidas de agua y una hidrogrúa equipada para alumbrado.

“Acompañamos el esfuerzo del Municipio y le damos herramientas o nos quedamos en la chicana y la maquinaria de poner trabas que propone la oposición. Con más maquinaria, la respuesta va a ser más rápida ante la demanda, se va a dejar de ser rehén de alquileres y costos y se sumarán herramientas que van a ser patrimonio de todos los vecinos”, sostuvo.

Medina recordó que el proyecto también establecía límites para el financiamiento: las obligaciones asumidas no podían superar el mandato del intendente y el Ejecutivo debía elevar al Concejo informes sobre los contratos realizados dentro de los 45 días.

“Faltan argumentos para no acompañar este proyecto. Introducen temas para no dar la cara y generar una cortina de humo para no atender los proyectos de los vecinos. No pueden salir a los medios y en este recinto a criticar que no hay obras y después no apoyar este proyecto que busca más obras”, cuestionó.

Videla también endureció las críticas hacia el Frente Justicialista al cierre del debate y rechazó los cuestionamientos opositores sobre la transparencia de la iniciativa.

“Hablan de que aportaron transparencia al proyecto. Hay que recordarles que tienen una ex funcionaria del Estado del PJ, Anabela Lucero, imputada por 900 millones. ¿De qué transparencia hablan? Se brindaron todas las herramientas necesarias para que acompañen el proyecto, pero en el trabajo en comisión se llamaron al silencio”, afirmó.

La maquinaria que no pudo comprar el Municipio

El proyecto contemplaba la incorporación de ocho unidades: un camión mixer de hormigón con capacidad de 8 metros cúbicos, un camión portacontenedor de 5 metros cúbicos, un camión volcador de 15 metros cúbicos tipo Tatu, una retropala con martillo neumático, una hidrogrúa equipada para alumbrado, una aplanadora, un rodillo compactador y una terminadora de asfalto.

Para adquirirlas, el Ejecutivo solicitaba autorización para utilizar las modalidades, plazos y condiciones que considerara más convenientes, entre ellas contratos de préstamo, operaciones de crédito o endeudamiento público o privado con entidades bancarias o financieras.

Las obligaciones no podían extenderse más allá del actual mandato municipal. Además, el Ejecutivo debía remitir al Concejo Deliberante, dentro de los 45 días corridos posteriores a la formalización, un informe sobre los actos administrativos, contratos y convenios realizados.

En los fundamentos, Hissa señaló que desde el inicio de su gestión se avanzó de manera gradual en la recuperación del equipamiento municipal ante las condiciones en las que se encontraba el parque automotor.

“Desde el inicio de esta gestión, se ha puesto especial énfasis en dotar al Municipio del equipamiento necesario para satisfacer la demanda de los vecinos de la ciudad, toda vez que el existente se encontraba en condiciones tales que resultaba insuficiente para el cumplimiento de sus fines”, sostuvo el intendente.

El intendente Hissa recibió vehículos en mal estado de la gestión anterior de Sergio Tamayo.