El Tribunal de Impugnación de la Segunda Circunscripción Judicial rechazó el planteo que hizo la defensa de Darío Oviedo y la imputación por los delitos de peculado y defraudación al Estado quedó firme.

El Ministerio Público Fiscal, representado por Leandro Estrada, formalizó la acusación el 23 de diciembre del año pasado y expuso las evidencias que apuntan a Oviedo como presunto autor de una maniobra irregular vinculada a la explotación del campo El Caburé que le pertenece al Estado. En la audiencia de ese día estuvo presente el fiscal de Estado Adjutor, Rafael Berruezo.

Las averiguaciones hacen foco en el destino de la cosecha de maíz producida en ese establecimiento rural, y la falta de rendición de cuentas sobre su administración y comercialización.

El secretario de Ética Pública y Control de Gestión del Gobierno provincial, Ricardo Bazla, lo denunció (por hurto calificado, abuso de autoridad y peculado) y le pidió la renuncia cuando advirtió que el funcionario (que se despeñaba en esa área) no aportaba información precisa o documentación sobre qué había pasado con la producción del maíz.

La defensa de Oviedo planteó la nulidad de la imputación en esa audiencia al considerar que se había vulnerado el derecho de defensa, pero el juez Alfredo Cuello no hizo lugar. La petición se trasladó al Tribunal de Impugnación, integrado por Hernán Herrera, María Bocca y Marcelo Bustamante Marone, que se pronunció en las últimas horas. Por unanimidad rechazaron el recurso interpuesto y confirmó la imputación por defraudación en perjuicio de la administración pública y por peculado en concurso ideal con incumplimiento a los deberes de funcionario público.

Según Estrada el maíz fue retirado sin facturación, sin procedimiento administrativo que lo respalde. Hizo hincapié en el testimonio del cosechador, Francisco Anselmi, quien declaró haber comenzado la cosecha del maíz en julio de 2024. De acuerdo a su testimonio retiró alrededor de 40 camiones del producto, que fueron trasladados a un feedlot conocido como “El Lucho”, y aclaró que el único contacto que tuvo con funcionarios fue con Oviedo. Dijo que se le prometió un contrato de 10 años, pero nunca se formalizó.

Consta que el 24 de julio de 2024 se firmó un contrato de locación de servicios rubricado únicamente por Oviedo, sin la firma de Bazla. Es decir que no existió algún procedimiento administrativo para la contratación de Anselmi, ni informes técnicos, ni expedientes, ni documentación respaldatoria que permitiera determinar qué se cosechó y en qué cantidad.

Cuello admitió provisoriamente los cargos contra Oviedo, ordenó el levantamiento del secreto bancario y dispuso como medidas la firma del libro ante Fiscalía y la prohibición de salida del país, salvo que sea con autorización judicial.

El pronunciamiento del Tribunal salió casi de manera simultánea con el pedido que hizo este lunes Estrada al juez Cuello para que cite a Bazla en esta causa. Ante esto, el funcionario le pidió al gobernador Claudio Poggi una licencia sin goce de sueldo por tres meses para “ejercer mi defensa y sostener mi estado de inocencia”. En la nota describió que se ve “afectado con falsas e injustas acusaciones en las que se pretende poner en tela de juicio la transparencia de mi gestión”.