La jueza de Garantía N°4, Natalia Lazarte Otero fijó para el 6 de mayo la audiencia de control de acusación contra la ex secretaria de Deportes, Cintia Ramírez. Está acusada de delitos de corrupción durante el Gobierno de Alberto Rodríguez Saá.

La audiencia, donde la causa puede ser elevada a juicio, fue solicitada por el fiscal de Instrucción N°1, Francisco Assat Alí. La ex funcionaria llegará acusada de negociaciones incompatibles con la función, malversación de caudales públicos, incumplimiento de los deberes de funcionario público y defraudación a la administración pública. Todo en concurso real y en calidad de autora.

En la acusación, el representante del ministerio Público Fiscal pidió la pena de cinco años de cárcel y la inhabilitación de por vida para ocupar cargos públicos.

Se trata de la primera causa donde Ramírez quedó imputada. Se originó a partir de la denuncia del fiscal de Estado, Víctor Endeiza, en representación del Gobierno provincial.

La ex secretaria de Deportes está sindicada por irregularidades en el manejo de fondos que hizo durante la administración anterior y por la compra de un colectivo para San Luis Fútbol Club con un sobreprecio estimado en $175 millones.

En la próxima audiencia, la Fiscalía, la querella y la defensa ofrecerán las pruebas y también podrán hacer planteos. Lazarte Otero determinará si eleva la causa a juicio.

La teoría de la Fiscalía

A las pocas semanas de su asunción en Deportes, el 16 de marzo de 2022, se creó el Ente del que también quedó a cargo. El organismo le otorgaba facultades para autorizar operaciones de compra-venta, créditos, transferencia, concesión, locación y/o contratación de toda clase de bienes y servicios.

El 6 de octubre del mismo año, creó la asociación civil San Luis Fútbol Club asumiendo la presidencia, mientras que su pareja y también funcionario de la secretaría de Deportes, Agustín Alessio fue designado vicepresidente y como socio fundador fue nombrado Javier Santagata, quien se desempeñaba en el Ente.

Desde ese momento comenzaron las maniobras ilegales.

“En el periodo comprendido entre los años 2022 y 2023 se materializaron 188 transferencias/pagos por la suma de 166.612.164 de pesos destinadas a su propio club que se ejecutaban desde el ente y tenían como fin cubrir una amplia gama de gastos de la reciente creada institución, como ser: transporte, viandas, vestimenta, seguro, termotanques lavarropas, heladeras, televisores, regalos empresariales, salarios etc”, describió Assat Alí en la formulación de cargos.

Otro hecho relevante fue el 27 de noviembre de 2023 (a semanas de dejar el cargo), donde Ramírez solicitó a Rodríguez Saá la compra de un colectivo marca Volvo del 2018 destinado al SLFC. El pedido se hizo mediante una nota firmada por la imputada y las propias jugadoras junto con una factura proforma emitida por la empresa Sematur SRL por $290 millones.

De esta transacción, el fiscal entendió que hubo una “extrema rapidez” con la que se autorizó la erogación: “El expediente administrativo desde su creación y hasta el decreto N° 11596-SGG-2023 fue tramitado en un solo día”.

El fiscal incorporó en la causa una tasación que hizo la martillera pública Marina Rissotto de la cual surgió que el vehículo en su estado actual está valuado en $114.783.500, lo que da un sobreprecio de $175.216.500 por el cual se pagó.