La Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) de San Luis expresó un fuerte rechazo a la implementación de exámenes toxicológicos a policías y personal del sistema de salud, una medida que el Gobierno provincial prevé aplicar este año en el marco de la Ley de Ejemplaridad y Coherencia para el Ejercicio de la Función Pública, conocida como Ley del Narcotest.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, el sindicato sostuvo que la decisión “es inconstitucional” y constituye “una grave injerencia en la intimidad y la vida privada de las y los trabajadores del Estado”.

“Rechazamos que se realice de manera arbitraria, ya que vulnera nuestros derechos. Rechazamos las formas de implementación, su inconstitucionalidad y la falta de información sobre el fin de estas acciones”, señalaron desde la organización sindical.

En el mismo pronunciamiento, UPCN afirmó que desde el gremio defienden “los derechos, la dignidad y las garantías constitucionales de cada trabajador y trabajadora”.

El posicionamiento se conoció luego de que el Gobierno provincial informara que durante 2026 ampliará de manera considerable el universo de personas alcanzadas por los narcotest. este año el total de personas incluidas en la ley será de 12.200.

De ese universo se seleccionarán 5.800 individuos que deberán realizarse los análisis toxicológicos. Entre ellos habrá 1800 funcionarios de los tres poderes del Estado, 2000 policías —incluidos cadetes del Instituto Superior de Seguridad Pública “Juan Pascual Pringles” y suboficiales que se incorporan a la fuerza y al Servicio Penitenciario— y 2000 trabajadores del sistema de salud pública.

Los exámenes se realizarán mediante sorteos semanales que determinarán el orden en que cada persona deberá concurrir a los laboratorios de la Universidad Nacional de San Luis para someterse a los análisis.

Desde el Ejecutivo provincial indicaron que el objetivo de la ley es detectar el consumo de drogas ilegales y, en algunos casos, el exceso de consumo de sustancias legales, con la finalidad de garantizar la idoneidad en el ejercicio de la función pública.

Los análisis tienen un costo de $27 mil y, en el caso de los funcionarios públicos, ese monto debe ser abonado por cada persona que resulte sorteada para realizar el estudio.

En el caso de policías y trabajadores de la salud, el examen no corre por cuenta de los empleados. Según informó el Gobierno, esos análisis son cubiertos por el Estado.

El año pasado se realizaron 1909 pruebas. De ese total, 48 dieron resultado positivo: 40 por exceso de drogas legales y 8 por consumo de sustancias ilegales.