GUARDAPOLVOS: DE COMODORO PY A LOS GALPONES PUNTANOS
La causa federal por los guardapolvos que nunca se fabricaron —un desvío de $710 millones firmado por Tolosa Paz y su equipo— abre una lectura que toca de cerca a San Luis: mientras en Buenos Aires se investigan convenios ficticios con cooperativas sin capacidad real, en la provincia quedaron depósitos arrasados, mercadería vencida y miles de guardapolvos sin entregar luego de la caída electoral de 2023.
La investigación que avanza en Comodoro Py por el “circuito de simulación jurídica y fiscal” montado dentro del Ministerio de Desarrollo Social en 2023 no es un episodio aislado.
Lo que cuenta el expediente —cooperativas sin máquinas textiles, convenios imposibles de cumplir, facturas millonarias sin respaldo, entregas fraguadas y retiros de efectivo sin trazabilidad— exhibe un modo de administrar los recursos destinados a los sectores más vulnerables.
Y esa misma lógica tuvo su reflejo en San Luis, donde, apenas asumida la nueva gestión, los depósitos del Plan de Inclusión aparecieron devastados: guardapolvos abandonados, pañales, alimentos, zapatillas, colchones y materiales eléctricos mezclados sin criterio; mercadería vencida; cámaras arrancadas; galpones alquilados vacíos y sin inventarios; y cientos de productos que jamás fueron distribuidos, justo después de la derrota del 11 de junio de 2023.
Lo que ocurrió en Nación y lo que se encontró en la provincia no son fenómenos paralelos: son capítulos distintos de una misma trama.
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La foto que incomoda: Tolosa Paz en el centro, Moyano como nexo, Anzulovich como actor local
En el expediente federal, uno de los nombres clave es Leonardo Moyano, exsecretario de Articulación de Política Social. Es él quien firmó convenios, adendas y recibos por guardapolvos que no existieron. Es él quien -de acuerdo a la investigación- avaló eventuales entregas sin documentación y quien modificó plazos sin constatar avances reales.
Ese mismo Moyano es quien aparece en la foto—junto a Victoria Tolosa Paz, Nicolás Anzulovich y Alan Sosa Tello— en actividades oficiales de 2023, en plena recta final de un ministerio provincial que poco después dejaría tras de sí depósitos arrasados, registros destruidos y mercadería abandonada. La coincidencia no es solo estética: es política y operativa.
De los guardapolvos “fantasma” en Buenos Aires, a los guardapolvos abandonados en San Luis
Mientras la Justicia reconstruye cómo se pagaron 165.000 guardapolvos a una cooperativa que no fabricó nada, en San Luis el relevamiento posterior al cambio de gobierno encontró guardapolvos amontonados, sin inventariar y sin entregar, pese a que estaban destinados a comedores, merenderos y escuelas de contexto vulnerable.
En Nación la investigación habla de un “plan orquestado”. En San Luis se habló de otro «plan orquestado» a partir de la derrota electoral. En ambos casos, el resultado es el mismo: los bienes nunca llegaron a quienes más los necesitaban.
Una matriz administrativa que estalló en 2023
El último tramo del gobierno nacional de Alberto Fernández y la etapa final de la gestión provincial de Rodríguez Saá compartieron un mismo año, “un mismo barco” al decir del ex presidente Alberto Fernández y, según todos los documentos relevados, una misma forma de operar:
– falta de control interno,
– cooperativas sin capacidad real,
– circuitos opacos,
– bienes sin destino claro,
– recursos que se volatilizan,
– y un Estado incapaz de explicar qué pasó con lo que tenía bajo su custodia.
La causa judicial que hoy avanza en Buenos Aires ilumina un costado del problema.
Lo encontrado en los depósitos de San Luis muestra el otro. Juntos, desnudan el funcionamiento de una estructura que dejó a los sectores vulnerables sin lo que era suyo, mientras millones de pesos cambiaban de manos o quedaban tirados a la basura en un depósito.
