La ministra del Superior Tribunal de Justicia, Carolina Monte Riso opinó sobre la reforma de la Carta Magna y adhirió especialmente a los cambios propuestos para el sistema judicial, entre ellos mayor transparencia para la selección de jueces, la separación de los ministerios públicos y una mayor autonomía económica para el Poder Judicial.

El debate sobre una eventual reforma parcial de la Constitución de San Luis abrió un proceso de análisis que involucra a distintos sectores de la sociedad y a representantes de los tres poderes del Estado. Entre quienes participan de las mesas de diálogo que se desarrollan en la Legislatura estuvo la jueza Carolina Monte Riso quien aportó una mirada vinculada específicamente con el funcionamiento y la organización del sistema judicial.

En su condición de ministra del Superior Tribunal de Justicia, la jueza puso el foco especialmente en los artículos del proyecto que plantean modificaciones para el servicio de Justicia. Uno de los aspectos centrales que vio favorable es la propuesta para modificar el mecanismo de selección de magistrados y la separación de las estructuras de los ministerios públicos, aunque manteniéndolos dentro del Poder Judicial.

-Desde la perspectiva institucional del Poder Judicial, ¿qué importancia tiene una eventual reforma de la Constitución? ¿Cuál es su reflexión sobre el proyecto?

-Me parece necesaria una reforma constitucional. Sobre todo con el avance tan rápido que tienen distintas situaciones hoy en día. Hoy contamos con una Constitución Provincial que ha sido modificada hace casi 40 años y ya requiere de una revisión, al menos, de algunas cuestiones que pueden ser mejoradas para toda la comunidad. Entiendo que es fundamental en estas instancias de posible modificación, sea de la Constitución, algunas normativas o leyes también, escuchar a todas las personas, a todos los actores involucrados que tengan algo que aportar desde el conocimiento específico en los diversos artículos.

-El proyecto contiene modificaciones en la estructura del sistema judicial, entre ellas la separación del Ministerio Público del Poder Judicial y cambios en el funcionamiento del Consejo de la Magistratura. ¿Qué principios considera indispensables para garantizar una Justicia independiente, profesional, transparente y cercana a la gente?

-Nosotros cuando participamos en la mesa de diálogo fuimos con la defensora General (Marcela Torres Capiello) y con el procurador General (Eduardo Cadelago Filippi). Allí los tres compartimos la idea de que es necesaria la separación de los ministerios públicos. Si bien ahora se creó la Defensoría General para poder separarla de la Procuración, el sistema judicial requiere que haya distintas cabezas distintas a cargo de cada uno de los ministerios públicos. Lo que nosotros aportamos en esa reunión fue que, si bien a nivel nacional, tanto el Ministerio Público Fiscal como el Ministerio Público de la Defensa se consideran fuera del Poder Judicial, en otras provincias, se los dota de autonomía tanto funcional como económica, siguen perteneciendo al Poder Judicial por ser, digamos, órganos extra poder. Entonces, si bien la Constitución Nacional los considera organismos “extra poder”, nosotros entendemos y sugerimos que deberían tener autonomía económica y financiera, pero siendo órganos cuyo funcionamiento esté dentro del Poder Judicial.

Nos parece saludable que el Poder Judicial esté integrado por el Superior Tribunal de Justicia, el Procurador General y la Defensora General pero cada uno con su estructura autónoma y no que dependan actualmente de un solo ente.

Si bien hay una autonomía funcional, no tienen autonomía económica. Contamos con un único presupuesto para todos e incluso tenemos una única área contable, una única área de recursos humanos y todo depende del Superior Tribunal. En consecuencia nosotros, durante la participación en la mesa de diálogo, sugerimos que la reforma contemple estas modificaciones. Es un artículo dentro del proyecto que nos parece que obedece a la actualidad.

Nosotros propusimos durante la reunión que los legisladores, al momento de armar el proyecto, establezcan estas modificaciones. Si bien se trata de una reforma parcial no se pueden tratar temas que no hayan sido incorporados dentro de la necesidad de reforma y es fundamental el diálogo y el consenso.

Por eso, desde nuestro rol, subrayamos esta necesidad dentro de nuestro ámbito y la separación de los ministerios públicos pero siempre dentro del Poder Judicial y cada uno con su estructura. En cuanto a la convocatoria que recibimos creemos que es importante participar. Es relevante dar su opinión. Uno sabe que no necesariamente nuestro pensamiento puede ser tenido en cuenta, pero es necesario participar y mostrar estas cuestiones y explicar los por qué de algún pedido de nuestro ámbito.

En este caso estamos de acuerdo con lo que indica el articulado cuando adelanta lo que buscará, la separación de cada organismo público entendiendo que deben permanecer en el mismo Poder Judicial.

-La propuesta también busca modificar el sistema de elección de magistrados, incorporando mecanismos vinculados con el orden de mérito y mayores exigencias de transparencia. Desde el rol que usted desempeña, ¿qué aspectos considera fundamentales para que el proceso de selección sea transparente, independiente y garantice idoneidad?

-Estoy totalmente de acuerdo con lo que propone este proyecto de reforma. Totalmente de acuerdo. De hecho, yo desde los 2020 estoy como ministro del Superior Tribunal y estuve a cargo del Consejo de Magistratura y antes del 2020 como representante del Ministerio Público Fiscal y como vocal del Consejo de la Magistratura y desde esa época hubo distintos proyectos con diversas comisiones del Consejo, donde se propuso el orden de mérito.

En eso estoy totalmente de acuerdo, me parece que hace a la transparencia. Si bien siempre terminará siendo una decisión política, porque así lo establece la Constitución y en todos lados es igual, es una decisión conjunta, el Consejo de la Magistratura establece la idoneidad de los participantes, también ahora podría contemplar no solo esa idoneidad, sino también dentro de esa idoneidad quién es el más preparado de los postulantes.

Me parece que es un progreso muy importante para el Poder Judicial tener un sistema así, de orden de méritos.

-¿Qué considera usted como factor fundamental en estos procesos de selección de jueces o magistrados?

-Entiendo que el Consejo de la Magistratura hace una evaluación completa porque hace no solo a los conocimientos técnicos del postulante, sino también de los antecedentes jurídicos y psicotécnicos, psicológicos y físicos para cada cargo en particular. Estamos trabajando también en la posibilidad de generar perfiles para el cargo.

Otra reforma interesante que sumaron en este proyecto es que tenga que permanecer y cumplir 4 años dentro del ejercicio mínimo en un cargo del Poder Judicial para poder acceder a otro cargo. Me parece algo muy acertado.

Considero que la permanencia en un cargo también te da experiencia y a veces lo que ha pasado acá es que muchas personas son las mismas que se presentan para distintos cargos. Entonces no alcanzan a cubrir uno que a los seis meses quieren ir a cubrir otro cargo porque se abre esa vacante y en consecuencia aquel cargo que habían cubierto al principio vuelve a quedar vacante.

Ahora este proyecto de reforma constitucional viene a poner un límite que me parece súper positivo. La idea es que cada funcionario o magistrado tenga un mínimo de experiencia en un cargo para poder postularse a otro.

-La Constitución vigente fue sancionada en 1987 y el proyecto incorpora cuestiones que hace 40 años no formaban parte del debate jurídico como la protección de datos personales, la identidad digital, el acceso a la información y los nuevos desafíos vinculados con la tecnología. Desde el Poder Judicial, ¿qué nuevos derechos y garantías debería contemplar una Constitución para responder a esta transformación de la sociedad?

-Creo que es fundamental proteger los datos personales, porque en un futuro inmediato, donde toda nuestra vida y toda nuestra intimidad está a través de las redes y de los datos e información personal están en una nube. Y todo eso no está protegido, ningún ciudadano está protegido. Es algo que vemos con el avance de los cibercrímenes, con las estafas digitales. Es algo de todos los días. Hoy hasta pueden hacerte un clon de voz para conseguir una autorización para acceder a tu banco o contraseñas personales. Estamos todos en riesgo.

Entonces, entiendo que no puede dejarse de reglamentar leyes que nos protejan y que a su vez sean, de alguna manera, flexibles porque esto avanzará mucho más rápido que lo que nosotros podamos volver a modificar las leyes a través de una futura reforma constitucional. Entonces, creo que son cuestiones a analizar, estudiar y establecer. Si bien nuestra Constitución reformada allá por 1987 fue de avanzada y reconoció un montón de derechos creo que hoy tenemos que hacer lo mismo.

Es decir, tener una visión de futuro para no quedar afuera o dejar una llave abierta para poder seguir reglamentando y protegiendo los derechos de todos los ciudadanos. Fundamentalmente lo que se refiere a los datos personales.

-¿Qué aspecto considera que la reforma constitucional debe preservar teniendo en cuenta o preocupándonos por la división de los poderes del Estado y su independencia?

-Nosotros, durante la reunión que mantuvimos en la Legislatura con toda la gente que trabaja en el proyecto, miramos con profundidad y sugerimos que la autonomía y la autarquía financiera y económica es indispensable para poder garantizar la división de poderes. Porque consideramos que cuando un poder requiere, por ejemplo, de que otros te autoricen un presupuesto y luego envíen el dinero cada mes y no tengas tu propio ingreso, eso genera cierta dependencia. Entonces creo que lo que hace a la autonomía y a la autarquía es una independencia concreta.

Hace dos años presentamos un proyecto de autarquía similar al que posee San Juan. Miramos el funcionamiento del Poder Judicial sanjuanino que maneja su propia autonomía.

Es una provincia que contempla esa independencia de funcionamiento y especialmente su economía en su Constitución. Establece un porcentaje del presupuesto provincial para el funcionamiento total del Poder Judicial. El hecho de que figure en la Constitución Provincial te garantiza que nadie puede tocar nada y que el organismo judicial tendrá garantizado su funcionamiento independiente de otros poderes.