En el inicio de febrero, la causa que investiga a “La Bandeja”, una asociación ilícita dedicada a estafar a personas mediante la venta de autos robados, pasó a la Justicia Federal. Fue luego de que el fuero provincial se declarara incompetente. La existencia de la banda tomó luz en diciembre, pero era investigada desde hace varios meses.

Entre el 31 de marzo y el 10 de abril, fueron indagados los 16 implicados como miembros. Casi todos quedaron imputados por asociación ilícita a excepción de Francisco Vicente Mercado a quien lo acusó por participación secundaria en una estafa. En los demás también se sumaron otros delitos, dependiendo la maniobra que desplegaron dentro de la banda.

Daniel Gatica, Alfredo Gatica, Lautaro Gatica, Guido Bazán, Claudio Leyes Torres, Néstor Gatica Mitre, Emanuel Domínguez, Augusto Palacios, Williams Chavez, Eric Quevedo, Juan Manuel Cervini, Heber Tapia y Mercado, quedaron involucrados en un primer momento. En enero se sumaron Axel, Néstor y Héctor Velázquez (hijo, padre y abuelo).

“La hipótesis del caso es que se trataba de una asociación ilícita que comercializaba autos de origen ilegal, que habían sido robados en otras provincias y adquiridos por el grupo criminal o que habían sido obtenidos de sus anteriores legítimos poseedores mediante estafa”, describió el fiscal Federal, Cristian Rachid.

Una vez que tenían los vehículos “el otro paso era falsificar, fraguar la documentación para poder venderlos, engañar a los adquirentes y después, en base a esa documentación falsa, cometer nuevas estafas”.

Puntualizó que además de la asociación ilícita imputaron delitos federales como estafa, uso de documentación pública falsa, adulteración de motor y tenencia de DNI ajeno no autorizado.

Formulación de cargos en la Justicia provincial a los integrantes de La Bandeja.

El fiscal se detuvo en la cantidad de hechos que cometió “La Bandeja”. “Lo que vino (desde el fuero provincial) junto con la causa de la asociación ilícita fueron 12 casos, algunos de encubrimiento, es decir, tener un vehículo que ha sido robado en otro lado, y en otros de estafa”, aclaró.

Inicialmente en el ámbito Federal trabajaron sobre esos mismos casos: “Entre otras grandes tareas que tiene esta investigación pendiente, estamos analizando aproximadamente 50 casos, 50 expedientes que nunca fueron remitidos por la Justicia provincial y que todavía tramitan en distintas fiscalías, que intervinieron según la competencia territorial o de turno”.

“Estamos analizando caso por caso, cuál de esos puede ser realmente comprendido dentro de la operatoria criminal de la asociación ilícita. Y dentro de eso a cuál de los 15 imputados que hasta el día de hoy se supone que la conforman, le correspondería intervención”, precisó.

Otro punto fue el rol de los integrantes de la banda, que para la Justicia provincial tenía como líderes a los hermanos Daniel y Alfredo Gatica. “Con la aclaración que la investigación sigue su curso, esto no está cerrado para nada, se mantuvieron los roles”, indicó.

Rachid ejemplificó con una empresa, en este caso criminal, que comercializa autos robados u obtenidos mediante estafa. “Esto implicaba múltiples tareas. Primero, buscar el auto. A veces había que ir a Mendoza. Después parte del grupo tenía que dedicarse a falsificar la documentación. Otros tenían que ofrecer los vehículos y contactar a las víctimas que iban a ser estafadas. Otros que aportar teléfonos o afectar los cobros de las transferencias que hacían las víctimas”, detalló.

Subrayó que debido a la multiplicidad de tareas la asociación ilícita era tan numerosa.

Uno de los vehículos secuestrados por la Policía en los allanamientos.

“Como rol establecido, los hermanos Gatica dirigiendo toda esta organización criminal y el resto de las personas asumiendo intercaladamente estos roles.  Algunos tienen más hechos que tienen que ver con haber recibido o traído los autos hasta San Luis. Otros han asumido más reiteradamente el rol que tienen de contratar con las víctimas que fueron estafadas. Otros han cobrado y otro grupo más reducido es el que en principio sería el encargado de haber realizado las falsificaciones de la documentación”, especificó.

Por eso, todos fueron imputados como miembros de una asociación ilícita, pero también “a cada uno de esos se le imputa el concreto delito en que participó, llámese encubrimiento, falsificación, estafa o tenencia de DNI no autorizado ajenos”.

Tras el paso al fuero Federal, los jueces Juan Esteban Maqueda y Juan Carlos Nacul, concedieron la excarcelación a cinco de los integrantes: Domínguez, Cervini, Mercado (estaba con domiciliaria resuelta por la Justicia provincial), Axel Velázquez y Lautaro Gatica.

Asimismo, Nacul ordenó la domiciliaria de uno de los cabecillas, Daniel Gatica. En la misma situación se encuentra desde un comienzo, Héctor Velázquez.

Algunas de las armas que secuestró la Policía en el allanamiento.

Por su parte, está pendiente la resolución para la liberación de Quevedo.

De esta forma, los que siguen detenidos son Palacios, Leyes Torres, Bazán, Gatica Mitre, Alfredo Gatica, Tapia, Chávez y Néstor Velázquez.

Entre los fundamentos de las excarcelaciones, Rachid mencionó la pena en expectativa según el delito por el cual están acusados, el arraigo laboral, social o familiar, y los antecedentes.

“En base a esos parámetros se ha ido o manteniendo prisiones preventivas o excarcelando, por supuesto el que decide es el juez, la fiscalía en algunos casos que están en domiciliaria, entendía que tenían que estar en Servicios Penitenciarios, eso vamos a seguir discutiendo”, afirmó.

Hubo múltiples allanamientos en San Luis.

Además, planteó que debido al análisis de los 50 posibles casos “podrían ampliar eventualmente una futura imputación, eso puede incidir también en los casos en donde hay personas que están privadas de la libertad, se tienen en cuenta que registran eventuales nuevos casos que les cargaríamos y que estamos analizando y por lo tanto eso incrementa el riesgo procesal”.

Finalmente, Rachid no descartó que la banda haya actuado en otras jurisdicciones: “La proyección de esta asociación ilícita claramente ha sido fuera de la provincia, por lo menos en la recepción de los vehículos robados. No tenemos hasta ahora entre los casos que estamos relevando, estafas cometidas fuera del territorio provincial”.

“Si se diera el caso que hay una cometida fuera de la provincia, que sería totalmente factible, deberíamos discutir la competencia con autoridades judiciales de esa jurisdicción procurando la atracción del caso a San Luis porque aquí funcionaba precisamente la dirección de la asociación”, cerró.

por Antonella Camargo