por Gastón Vila Calderón

La fiscal de Juicio María Virginia Palacios cuenta con custodia policial permanente luego de presentar una denuncia en la que manifestó temer por su integridad y la de su hija. La medida de seguridad fue confirmada por la ministra del área, Nancy Sosa, ante una consulta de El Chorrillero.

Sosa explicó que la protección fue ordenada de manera preventiva por el jefe de la Policía de la Provincia, Juan Carlos Serrano, luego de que Palacios se presentara directamente en sede policial, la Jefatura Central, para radicar la denuncia.

“Dado que temía por su seguridad por tratarse de una fiscal de Juicio y la envergadura que representa para el Estado, se dispuso de manera inmediata la custodia con personal uniformado y especializado”, sostuvo Sosa.

El operativo está cargo del Comando de Operaciones de Alto Riesgo (COAR), una unidad especializada de la Policía provincial. La ministra indicó que la medida se mantendrá hasta que la Justicia determine si corresponde darle continuidad en función del avance de la investigación. Interviene la fiscal Adjunta Antonella Romagnoli.

El dispositivo comenzó el 20 de septiembre e incluye vigilancia en el domicilio de la fiscal y seguimiento cuando realiza desplazamientos. “La tiene en su domicilio y cuando se mueve la acompañan, no de manera de traslado, sino con seguimiento”, manifestó.

Ingreso al barrio privado Los Quebrachos.

Se trata de una situación excepcional por la condición de la denunciante y por las circunstancias expuestas en la presentación. Recientemente tres personas ingresaron al exclusivo barrio privado Los Quebrachos, donde actualmente reside Palacios, hecho que fue considerado dentro del contexto de preocupación por su seguridad, según pudo confirmar este medio.

La denuncia

Palacios, de 47 años, abogada y fiscal de Juicio, denunció una serie de difamaciones, hostigamientos y amenazas que, según expuso, surgieron en el marco de una investigación en la que están enfrentados dos hermanos por un robo millonario de dinero.

De acuerdo con la presentación, la funcionaria mantiene desde hace años una relación de amistad con Jorge “Neneto” Novillo y su familia. El conflicto se originó luego del robo que Ernesto Novillo, apodado “El Tomero”, le adjudica a su hermano.

Según la presentación de Palacios, tras un allanamiento realizado en mayo de 2026 en el que Jorge Novillo quedó como principal sospechoso, Ernesto Novillo y personas de su entorno comenzaron a difundir versiones que la vinculaban con un supuesto encubrimiento. Entre esas afirmaciones, habrían sostenido que la fiscal retrasó o frustró el procedimiento policial.

La fiscal también aseguró que se difundió falsamente que ella ocultaba en la propiedad en la que construye en El Volcán el dinero y dólares provenientes del robo, situación que, según manifestó, la expuso a riesgos para su integridad física y patrimonial.

La funcionaria expuso también que en un momento el abogado Hugo Scarso le preguntó “qué tenía que ver con el robo” porque “Tomero” Novillo lo había sondeado para que lo patrocine.

En otro de los puntos de la denuncia, Palacios señaló que tomó conocimiento, a través del abogado de Jorge Novillo, de una versión atribuida a un interno del Servicio Penitenciario identificado por el apodo de “Coco” Fábrega. Según ese relato, Ernesto Novillo habría pagado a Nicolás Mauricio Gómez, conocido como “el Porteño” y actualmente prófugo, para atentar contra la vida de la fiscal y de Jorge Novillo.

Asimismo, indicó que la pareja de Gómez, identificada como Giselle, se presentó ante una fiscalía realizando denuncias que la funcionaria calificó como falsas. Entre ellas, la acusación de haber colaborado en la fuga de Gómez y de haber recibido 180 mil dólares para lograr la libertad. La fiscal, dejó constancia además, que conoce al prófugo porque en su momento hizo trabajos de mantenimiento en su domicilio.

Las actuaciones sumariales quedaron bajo la órbita de la Unidad de Abordaje Fiscal, que deberá determinar el alcance de los hechos denunciados y las medidas que correspondan.

Sosa señaló que es una prioridad del ministerio de Seguridad preservar la seguridad de la fiscal y su hija mientras avanza la investigación.

“Nosotros vamos a actuar siempre para preservar el bien de la vida y estamos esperando que la Justicia se exprese y tome alguna medida al respecto si le da continuidad o no a la custodia”, sostuvo la ministra