El proceso penal iniciado contra el ex juez Civil, Comercial y Ambiental Nº 4, Agustín Ruta, sumó un nuevo capítulo. Las audiencias previstas para esta semana quedaron sin efecto luego de que su defensa presentara diversos recursos, lo que obligó a elevar uno de los planteos al Tribunal de Impugnaciones para su análisis.

La jueza de Garantía, Luciana Banó rechazó un recurso de reposición, pero concedió la apelación subsidiaria. De esta manera, deberá intervenir Impugnaciones.

Banó también fijó la nueva fecha de una audiencia multipropósito, donde entre otras cuestiones se hará la formulación de cargos, para el 27 de noviembre a las 10.

El fiscal de Instrucción Nº 3, Esteban Roche, consideró que las presentaciones realizadas por la defensa constituyen un mecanismo para postergar el avance de la causa. “Creemos que con claras maniobras dilatorias han pedido la suspensión, presentando recursos de revocatoria, apelación en subsidio”, afirmó.

El expediente tiene su origen en la demanda civil iniciada por Codapri S.A. contra Banco Macro, que derivó en una sentencia favorable a la empresa dictada por Ruta en 2014 por más de $14 millones, pese a que la Cámara de Apelaciones la revocó tres años después. El Superior Tribunal de Justicia provincial ratificó la decisión del entonces magistrado, pero la Corte Suprema de Justicia de la Nación finalmente la anuló.

La maniobra que motivó el proceso disciplinario contra Ruta fue el dictado de una orden a mediados de 2021 para transferir $66 millones embargados a favor de Codapri. De ese monto, $34 millones llegaron a concretarse, mientras que el resto quedó bloqueado por la intervención de la defensa del banco.

Durante el juicio político se acreditó que la decisión se apoyó en un acta extraprocesal confeccionada el 10 de diciembre de 2020, firmada únicamente por el entonces secretario del Juzgado, Marcos Figueroa, y sin la presencia efectiva de uno de los supuestos participantes, el asesor legal Néstor Nóbile, fallecido después. Esa irregularidad resultó decisiva para la destitución y la inhabilitación por 10 años dispuestas por el Jurado de Enjuiciamiento.

La causa penal también alcanza al abogado Juan Cruz Domínguez, quien participó de la reunión que dio origen al acta. Además, enfrenta otra investigación donde está imputado por asociación ilícita, estafa procesal y falsificación de instrumento público, por una maniobra destinada a apropiarse de inmuebles en la provincia.

En las últimas semanas, Ruta también cambió de defensa, que ahora quedó en manos de Carlos Bianchi.

Con la suspensión de las audiencias y la elevación del planteo, el avance del expediente quedará sujeto a la respuesta que emita el Tribunal de Impugnaciones.