El 5 de abril de 2020, en las primeras semanas de una cuarentena estricta que había paralizado al país, Florencia Magalí Morales salió en bicicleta por las calles de Santa Rosa del Conlara, un pueblo pequeño donde el aislamiento se vivía con controles, restricciones y temor. Horas después, tras ser interceptada por la Policía por incumplir las normas de circulación y trasladada a la Comisaría N°25, fue hallada muerta en una celda.

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En un primer momento, la versión oficial sostuvo que se trató de un suicidio por ahorcamiento. Sin embargo, con el avance de la investigación, la acumulación de pruebas, testimonios y pericias fue poniendo en duda esa hipótesis. Casi seis años más tarde, el caso dio un giro: la Justicia imputó a cuatro policías y encuadró los hechos en delitos como privación ilegítima de la libertad y torturas seguidas de muerte.

Celeste Morales, hermana de Florencia, desde el primer día rechazó la versión oficial del suicidio.

El hecho ocurrió durante la gestión del entonces gobernador Alberto Rodríguez Saá, con Luciano Anastasi a cargo del área de Seguridad y el ahora diputado provincial, Darío Neira como jefe de la Policía, en un contexto atravesado por las restricciones sanitarias y un fuerte despliegue de controles policiales en toda la provincia.

Una detención en medio de la cuarentena

De acuerdo a la reconstrucción judicial, Morales salió de su casa en bicicleta en una jornada en la que no estaba habilitada para circular según la terminación de su DNI, en un contexto de restricciones estrictas por la pandemia de Covid-19. Su objetivo era adquirir alimentos para sus hijos y su nieta.

Fue interceptada por personal policial y trasladada a la Comisaría N°25 de Santa Rosa del Conlara. Allí quedó demorada bajo la acusación de haber infringido las medidas sanitarias.

Según la Fiscalía, la detención fue arbitraria. Una vez dentro de la dependencia, fue requisada y alojada en una celda de reducidas dimensiones, sin ventilación ni mobiliario adecuado.

Las horas previas a la muerte

Testimonios incorporados a la causa indicaron que durante varias horas Morales gritó, lloró y pidió asistencia médica. Según esos relatos, repetía que no podía respirar y que necesitaba ser trasladada a un hospital.

Otros detenidos señalaron que los pedidos de ayuda se escucharon durante toda la mañana y la tarde. Sin embargo, no fue nuevamente examinada por personal de salud.

Con el correr de las horas, los gritos cesaron. Ese silencio repentino fue advertido por otros detenidos, pero —según la acusación— no hubo una intervención inmediata por parte del personal policial.

Recién cerca de las 19:30, cuando finalmente ingresaron a la celda, Morales fue encontrada sin vida.

Versiones contrapuestas y demoras

Desde el inicio, el caso estuvo marcado por fuertes contradicciones. La versión policial sostuvo que se trató de un suicidio por ahorcamiento.

Sin embargo, la familia de Morales y distintos organismos cuestionaron esa hipótesis y denunciaron violencia institucional.

Las dudas se apoyaron en testimonios, en las condiciones de detención y en las irregularidades detectadas durante las primeras horas posteriores al hecho, incluyendo que la familia recién fue notificada del deceso a las 23.30. Y una autopsia incompleta.

Frente a la comisaría se reiteraron las protestas para exigir el esclarecimiento de la muerte.

Con el paso del tiempo, el expediente acumuló pericias, declaraciones y cuestionamientos que mantuvieron abierto el debate sobre lo ocurrido dentro de la comisaría.

Durante años, la causa avanzó lentamente. Las defensas de los policías interpusieron distintos recursos que dilataron el proceso y retrasaron definiciones judiciales.

En ese contexto, el caso se transformó en uno de los más resonantes de San Luis, no solo por las circunstancias de la muerte, sino también por el tiempo transcurrido sin resoluciones de fondo.

El giro: imputaciones y detenciones

Recién el 16 de marzo se produjo un avance significativo. El juez de Garantía N°1, Nicolás Coppola, formuló cargos contra cuatro policías que estaban de guardia en la comisaría el día de la muerte.

El subcomisario Heraldo Reynaldo Clavero y el oficial Marcos Ontiveros fueron imputados por privación ilegítima de la libertad, torturas seguidas de muerte e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Ambos quedaron detenidos con prisión preventiva por 90 días.

En tanto, la sargento ayudante María Eugenia Argüello y la oficial Victoria Johana Paola Torres fueron imputadas por omisión de denunciar torturas y otros delitos vinculados a su accionar durante el hecho, aunque continuarán en libertad con medidas restrictivas.

Para la familia de Morales, el avance judicial era necesario, pero resultó insuficiente. Celeste Morales, hermana de la víctima, expresó su disconformidad con la situación de las dos policías que permanecen en libertad.

“Ellas son responsables y se quieren desprender”, sostuvo tras la audiencia.

También cuestionó el tiempo que llevó el proceso judicial y reclamó que todos los implicados sean detenidos hasta el juicio.

A seis años de la muerte de Florencia Magalí Morales, la causa finalmente comienza a mostrar avances concretos. Sin embargo, el proceso judicial aún no llegó a su etapa de juicio y quedan por definirse responsabilidades clave.

Lo ocurrido aquel 5 de abril de 2020, en una comisaría continúa bajo investigación. Y, para la familia, la búsqueda de respuestas y justicia sigue abierta.