La Policía de la Provincia formalizó una denuncia formal ante la Justicia luego de detectar que una pistola Jericho 9×19 serie N° 96314428 que debía permanecer bajo estricta custodia judicial por una causa de tentativa de homicidio, apareció en poder de presuntos delincuentes durante un allanamiento realizado recientemente en Juana Koslay.

El jefe de la fuerza, Juan Carlos Serrano se constituyó ante la Unidad de Abordaje Fiscal para que se investigue el hallazgo en un allanamiento de un arma que debía permanecer bajo jurisdicción de la Cámara de Crimen N° 1.

 El hallazgo que encendió las alarmas

La investigación se originó a raíz de un robo ocurrido el pasado 7 de mayo en jurisdicción de la Comisaría 38°. Tras diversas actuaciones investigativas realizadas por el Departamento de Investigaciones (DG-13), los efectivos lograron identificar a sospechosos vinculados al hecho que tuvo como víctima a una mujer de apellido Menéndez.

Con autorización del Juzgado de Garantía N° 3 y la Fiscalía de Instrucción Penal N° 4, se concretaron distintos allanamientos. En uno de los domicilios, ubicado en Donovan, Juana Koslay, los investigadores secuestraron elementos relacionados con la causa, teléfonos celulares, proyectiles y tres armas de fuego: una Ballester Molina calibre .45, un revólver Colt .38 y una pistola semiautomática Jericho calibre 9 milímetros.

El arma debía estar en un depósito judicial

Tras el secuestro, la Dirección General de Logística y Suministros (DG-4) realizó el cotejo correspondiente y confirmó que la pistola Jericho pertenecía al patrimonio de la Policía de San Luis. El arma había sido asignada en marzo de 2006 al entonces inspector Jorge Antonio Medero y posteriormente quedó secuestrada en el marco de una causa judicial caratulada “Av. Medero Jorge Antonio – Homicidio en grado de tentativa y lesiones graves” (Expte. PEX 45753/2006). Desde entonces, debía permanecer resguardada bajo custodia de la Cámara del Crimen N° 1 de San Luis.

Según reveló Serrano, incluso existía un pedido formal de restitución realizado por la Policía provincial el 26 de septiembre de 2024, documento que fue recibido por autoridades judiciales, pero que nunca obtuvo respuesta.

“Se supone que en el Poder Judicial es inviolable la custodia de los elementos con los cuales se cometen hechos delictivos. Y que aparezca en una casa es muy sospechoso, de una gravedad institucional impresionante”, afirmó Serrano en declaraciones al programa Agenda Directa de San Luis+

Denuncia formal y reclamo de transparencia

Serrano confirmó que la Policía radicó una denuncia penal para que se investigue cómo el arma salió del circuito judicial y terminó nuevamente en la calle.

El funcionario explicó que el procedimiento se llevó adelante junto a la Fiscalía de Estado y bajo instrucciones de la ministra de Seguridad, Nancy Sosa. Además, dijo que el caso ya es investigado tanto por la órbita penal judicial como por la propia Fiscalía de Estado.

Consultado sobre si podría tratarse de un hecho aislado, Serrano evitó especular, aunque advirtió que la situación merece una revisión profunda de los mecanismos de control.

“Creo que la Justicia también tiene que rendir cuentas a la sociedad. No solamente el Poder Ejecutivo o el Legislativo. El Poder Judicial también debe explicar qué pasó con esa arma”, sostuvo.

El jefe policial también vinculó el caso con las reformas impulsadas en materia de seguridad por la gestión provincial. En ese sentido, recordó que San Luis no estaba adherida a normativas nacionales vinculadas al control de materiales controlados y celebró que actualmente se avance en nuevas herramientas legales.

Finalmente tuvo en cuenta el impulso a la Ley de Decomiso y Destrucción de Armas, cuya reglamentación —según adelantó— será publicada en los próximos días, con el objetivo de evitar que armas secuestradas vuelvan a circular en ámbitos delictivos.