A partir del 16 de marzo, la ex secretaria de Deportes Cintia Ramírez se sentará en el banquillo de los acusados en un juicio oral donde se analizarán dos maniobras que, según el Ministerio Público Fiscal, constituyen delitos de corrupción cometidos durante su gestión en el gobierno de Alberto Rodríguez Saá.

La acusación sostiene que la ex funcionaria utilizó su posición al frente de la secretaría de Deportes y del Ente Deportes para beneficiar al San Luis Fútbol Club (SLFC), una asociación civil creada en 2022 y que ella misma presidía.

La Fiscalía de Instrucción N°1, a cargo de Francisco Assat Alí, le atribuye los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública, peculado, fraude a la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público, y solicitó una pena de cinco años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Las conductas investigadas fueron agrupadas en dos grandes ejes.

Las transferencias al SLFC

El primero de los hechos se relaciona con 188 transferencias de dinero público que fueron destinadas al San Luis Fútbol Club mientras Ramírez ocupaba cargos en la administración provincial.

De acuerdo con la acusación, los pagos se realizaron desde la secretaría de Deportes y el Ente Deportes durante 2023 para cubrir distintos gastos del equipo.

Entre los desembolsos figuran servicios de transporte, alojamiento, alimentos, indumentaria deportiva, equipamiento y otros insumos vinculados al funcionamiento del plantel.

Para la Fiscalía, la irregularidad radica en que la propia Ramírez ocupaba simultáneamente cargos en el Estado y en la conducción de la institución que recibía los fondos.

Según la reconstrucción presentada por Assat Alí, la funcionaria habría autorizado o intervenido en decisiones administrativas que beneficiaban directamente al club que ella misma dirigía.

La acusación considera que estas operaciones tenían una apariencia administrativa regular, pero que en realidad respondían a un esquema que privilegiaba intereses particulares por sobre los del Estado.

El colectivo de $290 millones

El segundo eje de la investigación es la compra de un colectivo Volvo modelo 2018 destinado al San Luis Fútbol Club.

Según la acusación fiscal, el 27 de noviembre de 2023 Ramírez envió una nota a Rodríguez Saá solicitando la compra de un vehículo de 60 asientos para el traslado del plantel.

La operación se concretó mediante un subsidio estatal de $290 millones, autorizado a pocos días de que finalizara la gestión gubernamental.

Uno de los elementos que despertó sospechas en la investigación fue la rapidez con la que avanzó el expediente administrativo, que en pocos días atravesó los distintos organismos del Estado hasta concretar la transferencia del dinero.

Además, una tasación posterior realizada por una martillera pública determinó que el vehículo tenía un valor muy inferior al monto abonado.

De acuerdo con ese informe, el colectivo estaba valuado en poco más de $114 millones, lo que implicaría un sobreprecio cercano a los $175 millones.

La acusación que se debatirá en el juicio

Con estos elementos, la fiscalía sostiene que Ramírez utilizó su posición dentro del Gobierno para beneficiar a una institución privada que ella misma dirigía.

La acusación plantea que las decisiones administrativas adoptadas durante su gestión permitieron canalizar recursos públicos hacia el San Luis Fútbol Club, tanto a través de transferencias directas como mediante la adquisición del colectivo.

Todos estos hechos serán analizados en el juicio oral que se realizará durante cinco jornadas ante un Tribunal presidido por Fernando De Viana, donde declararán funcionarios, peritos y testigos que participaron en las operaciones investigadas.