por Catalina Ysaguirre

El 8 de agosto de 2022, Anabela Lucero, que era diputada provincial por el partido Alberto Rodríguez Saá, compró -según el fiscal- tres autos (dos 0Km y un usado) con fondos del Complejo Molino Fénix porque tenía el control y el manejo absoluto. La acusación se sostiene con la evidencia que acredita la transferencia del dinero del Estado a una concesionaria de la ciudad de San Luis. Gastó $12.367.460. Uno de los delitos que le imputaron es por haber generado una administración paralela, entre 2020 y 2023, para canalizar fondos que eran de los sanluiseños, para el beneficio personal, de terceras personas y para hacer campaña política. También de liderar una asociación ilícita, por ocultamiento y destrucción de prueba.

El Ministerio Público Fiscal tiene probado que, en las instalaciones de ese organismo descentralizado, Lucero ancló su unidad básica para ganar la intendencia de Villa Mercedes. Las decisiones las tomaba ella porque mantenía lazos con la máxima autoridad del Ejecutivo provincial. Los ex funcionarios que junto a ella fueron enviados a la cárcel hace siete días le rendían cuenta. Daba las órdenes cuando había que efectuar pagos y transferencias, y estaba pendiente del dinero que quedaba en la caja chica.

“El Molino no estaba para pagar autos ni hacer ayudas económicas”, sostuvo, en una parte, el fiscal José Olguín cuando amplió cargos y solicitó como medida de coerción, el encarcelamiento de Lucero. Fundamentó que en concepto de asistencia a diferentes personas hallaron 34 cheques idénticos por $50 mil. Daban honorarios especiales, o sobresueldos a personas para militar en la campaña.

Figura la adquisición de muchos kilos de mercadería que no guardan relación con la actividad del Molino, que concretamente es un espacio cultural y artístico. Está detallado el nombre de las distribuidoras que facturaban por estos alimentos. Los productos tenían como finalidad un objetivo electoralista: los mismos empleados del Molino eran obligados a armar bolsones de comida para después ser repartidos alrededor de las actividades de campaña del Lema Unión por San Luis que postuló a Jorge Fernández, como candidato a gobernador, y a Lucero, como intendenta por un sublema.

Sostiene la evidencia que la recaudación de muchos eventos iba los bolsillos de Lucero y su pareja, el diputado Joaquín Beltrán (que en los papeles tenía la designación como administrador desde 2019). Los empleados declararon que ese dinero “era para la campaña de Anabela”. La Fiscalía ya emitió el oficio de desafuero porque también para él van a pedir la preventiva.

Se organizó Rock en la Casa, Trap en la Casa, Los Jóvenes le cantan al Molino, y de nada hay registro porque toda la documentación fue destruida, quemada en un horno de barro y tirada en el basural, según la teoría del caso que se expuso el fiscal. Pero a eso se suma algo más grave, Lucero y Beltrán borraron de manera remota la información que tenían en sus teléfonos, mientras estaban secuestrados en el Poder Judicial. Eso se conoció luego de las pericias sobre los dispositivos.

La formulación de cargos incluyó la asociación ilícita, ambos como organizadores. El convencimiento es que entre el 2020 y el 2023 “estas personas se pusieron de acuerdo para cometer delitos contra el Estado, y se valieron de bienes y de personas, y desviaron fondos”. Vaciaron las instalaciones cuando Alberto Rodríguez Saá perdió las elecciones el 11 de junio de 2023. Se argumenta que no se trató de un hecho aislado sino de una repetición en el tiempo donde todos tenían roles asignados y actuaron en conjunto.

Entre las 22 y las 00 del 16 de junio de 2023, Beltrán y Diego Torres (el único imputado también sobre quien no recayó la preventiva) llegaron a las instalaciones de la Casa de la Música para cargar muebles y otros bienes en una camioneta Hilux que facilitó otra persona. Trasladaron el mobiliario a la sede política que Anabela Lucero tenía sobre calle Pringles. Por teléfono, los involucrados se pusieron de acuerdo en cómo ingresar el vehículo para cargar todo lo que se llevaron.

El 9 de diciembre de 2023, entre las 11 de la mañana y las 18, los 5 se hicieron presente en el Molino Fénix y en el Museo José María Gatica para apoderarse de documentación y cargarla al auto de Anabela Lucero. Rompieron cajoneras y una puerta del teatro de donde sacaron elementos de iluminación. Por estos hechos que están grabados en cámaras de seguridad y que surge del análisis de los teléfonos, los imputaron por peculado en marzo del año pasado.

La investigación ahora se profundizó y se detuvo en nuevos análisis para establecer qué destino tuvieron los fondos que todavía no se han podido precisar. En este punto aparecen 7 empresas fantasmas (que no tienen dirección real y que aparecen en el registro APOC del ARCA por confección de facturas truchas) y 5 personas individuales que participaron en la maniobra y no ofrecieron ningún servicio por eso. Una operatoria de facturas truchas y la triangulación de cheques endosados que luego cobraban terceras personas, está en la mira. De esa manera se ocultó el beneficiario, es decir, quién lo cobró. Al menos por ahora, dos de esas empresas le facturaron al Molino 135 millones de pesos (a través de 116 cheques). Sin embargo, el universo de estas libranzas es mayor a 100.

El fraude que se ha establecido hasta el momento es superior (actualizados a la fecha) a los $900 millones, porque las pericias contables no terminaron.

Se autorizó el levantamiento del secreto fiscal, bancario y bursátil de las empresas y las personas individuales sospechadas, como también de Lucero y Beltrán; del hermano de ella, Enzo Lucero y de su cuñado, Exequiel Scarel. Con esto se pretende descubrir quién cobró los cheques, cómo se endosaron, qué movimiento tenían, la trazabilidad y una precisión del fraude económico.

“Estas empresas aparecen otorgando facturas, no recibiendo el dinero y aunque tienen una declaración de APOC no tenemos conocimientos de qué actividades lleva adelante. Esto permitirá obtener mayor información, desmentir o ratificar cierta posibilidad de realización de lo que supuestamente hacen con las facturas. Estas son las que puentearon el dinero a terceras empresas, y el fin es encontrar adónde fueron los fondos públicos”, sintetizó Olguín en la audiencia del pasado 24 de agosto.

Para armar empresas fantasmas cinco personas de Villa Mercedes fueron engañadas. Las llevaron a una escribanía y las hicieron firmar con el pretexto de que harían gestiones en el Molino “para poder ganarse unos pesos”. Ya fueron citadas por la Justicia y se sorprendieron cuando se enteraron que usaron sus nombres para eso.

Entre las irregularidades hay contrataciones directas a empresas de Córdoba, por ejemplo, una compra de folletos partidarios de campaña que se imprimieron en esa provincia, y se usó un vehículo del Estado para ir a buscarlos. También violaciones a normas contables y auditorias incompletas que no fueron rechazadas.

“Todas las normas de contabilidad de la provincia, esta administración las burló, y al momento de la asunción de las nuevas autoridades no dejaron información. Se llevaron toda la documentación para impedir un correcto control y auditoría que determine cómo se distribuyeron los fondos”, expuso el representante de Fiscalía de Estado, Flavio Ávila, al ratificar los delitos que formuló el Ministerio Público Fiscal.