Adolfo Rodríguez Saá volvió a quedar en el centro de la polémica luego de defender públicamente la jubilación de privilegio que percibe y asegurar que “se la merece”.

El exgobernador de San Luis y expresidente cobra cerca de $24 millones mensuales, según los datos publicados días atrás por San Luis Reporta, dentro del régimen de asignaciones vitalicias para exmandatarios.

Pero la polémica no termina allí. A pesar de percibir semejante ingreso mensual, en eventos vinculados a su espacio político se les cobra entrada a los propios invitados, una situación que vuelve a generar cuestionamientos y alimenta el debate sobre los privilegios y las prácticas de la dirigencia.

La justificación genera un fuerte contraste con la realidad que atraviesan miles de jubilados argentinos, que deben sobrevivir con ingresos que representan apenas una pequeña fracción de esa cifra.

La discusión no pasa solamente por si el beneficio es legal. La pregunta es si resulta justo y socialmente razonable que un exmandatario perciba semejante suma de manera permanente mientras los jubilados comunes enfrentan medicamentos, alimentos y gastos básicos con ingresos cada vez más deteriorados.

Rodríguez Saá fue durante años uno de los principales referentes de un discurso que hizo de la justicia social una de sus banderas. Por eso, su frase “me la merezco” vuelve a poner sobre la mesa una contradicción difícil de ignorar: ¿dónde queda la justicia social cuando un dirigente cobra casi $24 millones por mes del Estado?