La localidad de Nueva Galia, del departamento Dupuy, se convirtió en la número 15, de las 17 que iniciaron acciones judiciales, en desistir formalmente del Tratado de La Toma. La rúbrica se concretó en el despacho del ministro de Gobierno, Gonzalo Amondarain, quien recibió a la intendenta Diamela Freixes, que comunicó la decisión de renunciar al proceso legal.

Hasta el momento, la última localidad en desistir había sido La Toma, donde firmó el intendente, Walter Contreras. Solo restan San Martín y Las Aguadas, ambas del departamento San Martín.

Durante el encuentro en Casa de Gobierno, también dialogaron sobre los preparativos de la Fiesta del Caldén, que se realizará en febrero de 2027 y se suma al programa provincial ’50 Festivales’. Además, Freixes solicitó sumarse al Programa ‘Construyendo Con Tu Pueblo’, que permite concretar obras con fondos compartidos entre la Provincia y los municipios, con el fin de reactivar la obra pública e impulsar la mano de obra local y el comercio interno de cada lugar.

Amondarain explicó que la medida abre el camino para avanzar en políticas públicas en conjunto entre el Estado provincial y la Municipalidad. “El Gobernador tiene la institucionalidad como pilar de su gestión. Ha demostrado que tiene intenciones de trabajar con todas, absolutamente todas las localidades y ciudades, independientemente del color político, en la concreción de obras municipales. Y cuando hay una demanda de por medio, la legislación nos prohíbe poder articular”, expresó.

Por su parte, Freixes expresó: “Mantuvimos una reunión con el ministro de Gobierno, en un encuentro muy ameno y cordial, donde compartimos un espacio de diálogo con mucho entusiasmo y una gran predisposición para trabajar en conjunto. Siempre es importante generar estos espacios de encuentro, con buena voluntad, compromiso y la mirada puesta en seguir construyendo nuevas oportunidades para nuestra comunidad”.

El Tratado de La Toma fue firmado el 24 de septiembre de 2023, tras la derrota electoral del anterior Gobernador. El acuerdo comprometía recursos sobre los que correspondía decidir al Gobierno entrante y que no estaban debidamente presupuestados. En 2024, el Gobernador revocó el acuerdo mediante el decreto N°35-MG-2024, para no agravar la situación financiera de San Luis ni trasladar sus consecuencias negativas a las comunas. A partir de entonces, algunas localidades iniciaron amparos y cautelares contra el Ejecutivo provincial, aunque desde 2025 fueron renunciando progresivamente al litigio.