En el marco del debate abierto por el proyecto de ley de reforma parcial de la Constitución, el obispo Gabriel Barba en declaraciones a El Chorrillero dio su mirada sobre algunos de los principales aspectos que contempla la iniciativa impulsada por el gobernador Claudio Poggi. Si bien aclaró que se trata de una discusión de naturaleza política, dijo que el proceso debe estar guiado por la búsqueda del bien común y no por intereses de corto plazo.

El obispo también profundizó sobre la importancia de los artículos que buscan establecer límites al ejercicio del poder, la necesidad de fortalecer la independencia y transparencia de los poderes del Estado. También se refirió a la incorporación del cuidado del agua como un principio de jerarquía constitucional. Explicó el aporte realizado desde el Obispado en materia de educación e inteligencia artificial y advirtió sobre los riesgos que puede generar el manejo de la información y las nuevas tecnologías cuando no se priorizan los derechos de las personas.

-El proyecto plantea actualizar una Constitución que tiene casi 40 años. Cuál es la visión de la Iglesia de San Luis sobre esta propuesta, ¿qué aspectos debería tener en cuenta una reforma constitucional para responder a las necesidades actuales de la sociedad y preservar el bien común?

-Sé que en nuestra Provincia están trabajando sobre la reforma de la Constitución. No es un tema sobre el que tenga mucho para opinar porque supera mi capacidad. Esa es una discusión política que debe darse buscando siempre el bien común y no solo intereses a corto plazo. No digo que eso sea lo que motive hoy…sino que ese horizonte siempre tiene que ser el verdadero motivador.

-Desde el Obispado de San Luis se presentó un documento con recomendaciones para la reforma ¿Cuáles son esas recomendaciones?

-Sí. Como el tema me parecía muy importante a futuro, solicitamos el texto para trabajar y elevamos un aporte sobre el tema de educación e inteligencia artificial, tomando como sustento el documento que sacó hace poco el Papa León XIV que aporta mucho sobre el tema y me parece que puede enriquecer el texto reformado.

-La propuesta enviada por el Poder Ejecutivo a la Legislatura establece un límite máximo de dos mandatos para quien sea gobernador, sean consecutivos o alternados, y también plantea concentrar las elecciones provinciales cada 4 años. Desde una perspectiva institucional y pastoral, ¿qué valoración hace la Iglesia sobre la necesidad de poner límites al ejercicio del poder?

-En toda esfera, un poder sin límites es muy peligroso y tiende a deformar su naturaleza. Me parece muy bien que todo espacio de poder tenga un tiempo que sea suficiente para el desarrollo y que, a su vez, no sea perpetuo y obligue a dar nuevos espacios a nuevas personas.

-Uno de los ejes de la reforma es modificar parte de la estructura del sistema judicial, separando al Ministerio Público del Poder Judicial y estableciendo cambios en los mecanismos de selección de jueces. Desde la mirada de la Iglesia, ¿qué principios deberían orientar una Justicia verdaderamente independiente, transparente y al servicio de la gente? ¿Hay algún aspecto que considere especialmente importante fortalecer?

-En los Evangelios, tomando las propias palabras de Jesús, se define al poder como servicio. Ese es el gran aporte al que la Iglesia debe orientar. Vivirlo…y compartirlo de ese modo. Otro principio fundamental es el de la transparencia. Son motores de una verdadera democracia. Por último resaltaría la necesidad de la “independencia". Que de hecho está y así debe ser; sin embargo eso debe concretarse a modo estructural y en los hechos.

-En el documento elevado al Parlamento también hay artículos que pretenden alentar la transparencia en la designación de los jueces para terminar con posibles amiguismos e implementar un sistema más claro. Qué aspectos se deben ajustar para alcanzar una amplia transparencia. ¿Cuál es la postura de la Iglesia en ese ítem? 

-Repito lo que ya dije, la necesidad de la transparencia y de la independencia de poderes. No tengo información suficiente acerca de los mecanismos actuales y futuros de cómo podría implementarse…

 -Otro punto de la propuesta apunta a darle jerarquía constitucional al cuidado del agua y su preservación. ¿Cuál es su mirada acerca de esta nueva valoración?

-Ese sí que es un tema central, sobre todo en una provincia como la nuestra donde el agua es un bien que no siempre abunda. En este sentido deben establecerse organismos de control que velen por el cuidado, preservación y por un uso verdaderamente democrático que de igualdad de oportunidades. El Estado debe ser garante de que sea un bien con acceso para todos.

-El proyecto suma derechos vinculados con el acceso a la información pública, la transparencia, la identidad digital, la protección y manejo de datos personales y la conectividad, en un contexto donde la Inteligencia Artificial crece.¿Qué criterios considera que deberían incorporarse a una reforma constitucional para garantizar que la tecnología esté al servicio de la gente y que no sea algo que condiciona sus derechos?

-El Papa León en la Encíclica Magnífica Humanitas, habla del peligro de un poder del manejo de la información y tecnologías que no respete los derechos de las personas o bien que restrinja derechos. Hoy la tecnología y la IA podrían llegar a generar espacios de mucha manipulación que termine afectando derechos. Este es un tema que es importante regular y legislar a fin de velar siempre por el cuidado de las personas y sus derechos. No podemos dar la espalda ni negar a estas tecnologías, hay que asumirlas pero que sean instrumentos que protejan y ayuden al desarrollo de la humanidad. No sólo de pequeños sectores poderosos.