La recusación presentada por Nicolás Anzulovich contra el fiscal de Instrucción Francisco Assat Alí no prosperó y la causa por presunto enriquecimiento ilícito avanzará hacia una nueva audiencia de formulación de cargos.

La decisión quedó plasmada en la intervención de la fiscal de Juicio N°1, Virginia Palacios, quien concluyó que los argumentos expuestos por la defensa del ex funcionario de Alberto Rodríguez Saá “no se vislumbran con la idoneidad y viabilidad” necesarias para habilitar el apartamiento de Assat Alí.

En su dictamen, sostuvo que los planteos formulados a cargo del abogado Cristóbal Ibañez, “no habilitan de manera alguna ponderar su actuación en términos de parcialidad y consecuente afectación del debido proceso penal”.

Además, remarcó que la recusación con causa tiene como finalidad “asegurar la garantía de imparcialidad y en el caso del Ministerio Público la objetividad”, aunque advirtió que ese mecanismo debe interpretarse de manera restrictiva para evitar que se transforme en una herramienta destinada a desplazar competencias o alterar el normal funcionamiento judicial.

“La recusación con causa no puede ser ampliada ni interpretada analógicamente”, señaló Palacios, apoyándose en doctrina y jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El planteo había sido presentado el pasado 5 de mayo donde Ibañez cuestionó declaraciones periodísticas realizadas por Assat Alí tras la primera suspensión de la audiencia de formulación de cargos.

En aquella oportunidad, el fiscal había considerado que la reprogramación obedecía a una “maniobra tendiente solamente a que no se realice la instancia de procesamiento”, luego de que el letrado defensor advirtiera “problemas” en la notificación personal del acusado.

También había definido el expediente como una “causa de alto perfil”, expresión que fue utilizada por la defensa para sostener una supuesta pérdida de objetividad.

Sin embargo, en su descargo ante Palacios, Assat Alí rechazó de manera categórica esa interpretación.

“El término ‘alto perfil’ es ampliamente utilizado en la jerga judicial para causas que por su materia generan una gran expectativa social”, explicó, y sostuvo que brindar información pública sobre el estado procesal de un expediente forma parte de las obligaciones institucionales del Ministerio Público Fiscal.

“El imputado no ha podido acreditar en lo más mínimo que el suscripto haya omitido elementos de descargo, que haya actuado de forma desleal o que haya incumplido normas que afecten su derecho de defensa”, afirmó.

Assat Alí también cuestionó el planteo defensivo por considerar que confunde el deber de objetividad de los fiscales con la imparcialidad exigida a los jueces.

“En el sistema acusatorio adversarial el Ministerio Público Fiscal es una parte procesal, ni más ni menos que la parte acusadora, con lo cual la imparcialidad como tal no es un concepto aplicable a este rol”, sostuvo en su presentación.

La defensa también había mencionado supuestas irregularidades vinculadas a una pericia contable incorporada al expediente y a la circulación previa de información en medios periodísticos. Sobre ese punto, el fiscal respondió que se trataba de “rumores de pasillo” sin entidad jurídica suficiente para justificar una recusación.

Finalmente, Assat Alí calificó el planteo como “temerario” y sostuvo que el único objetivo es “evitar que el Ministerio Público Fiscal formalice la investigación”.

De este modo, el próximo 13 de mayo a las 10 se concretará el tercer intento para avanzar con la imputación formal del ex funcionario investigado por presunto enriquecimiento ilícito.