La causa de estafas inmobiliarias por la que ya imputaron 15 personas sumó un nuevo capítulo. Los abogados Maximiliano y Sebastián Pipitone que representan a decenas de familias de la provincia estafadas aseguraron a El Chorrillero que uno de los imputados, Carlos David Genta, era un ex convicto que cumplía un régimen de reinserción laboral mientras colaboraba en los delitos.

Es decir, una especie de reinserción criminal, que fue habilitada por la jueza de Ejecución Penal, Nora Villegas, de la Segunda Circunscripción Judicial de Villa Mercedes.

Para los Pipitone no hay dudas de que se trató de una asociación ilícita, que a través de propiedades usurpadas y falsificación de documentos y lideradas por el abogado Juan Cruz Domínguez, operaron por más de una década. Y en la investigación del caso, el dato de Genta les fue imposible de obviar, ante la aparición de su nombre y domicilio en múltiples maniobras fraudulentas.

Los abogados llegaron a Genta a través de “domicilios seguros”, direcciones utilizadas por la banda para la realización de las estafas. A uno de sus representados, le escrituraron “a sus espaldas” un campo de su propiedad sin su autorización, detallando un domicilio falso para que quede en rebeldía cuando fuera notificado judicialmente.

“El domicilio falso que utilizaron pertenecía a Carlos David Genta. Vimos la dirección, el tiempo que estuvo ahí y un expediente relacionado que ya es parte de la causa”, detalló uno de los abogados, en referencia a un departamento ubicado sobre calle Buenos Aires.

Los abogados Maximiliano y Sebastián Pipitone. (Foto Blas Abayay)

Con el título PEX 149204/13 – “GENTA CARLOS DAVID – EJECUCIÓN DE PENA”, el expediente señala que en 2019 y en 2023 la jueza Villegas lo autorizó a tener salidas para reinsertarse laboralmente. Tuvo una condena de unos 24 años.

Los delitos que acumula incluyen robo, privación ilegítima de la libertad, tentativa de homicidio y abuso de arma de fuego. Sobre el régimen de reinserción laboral “lo hizo y quedó en libertad. O sea él salió antes con régimen de salidas transitorias para trabajar. Se le cumplió la condena en octubre de 2024”.

De acuerdo al expediente, Genta solicitó el régimen con un pedido personal, escrito de puño y letra, a la magistrada, citando que tenía contactos laborales en la ciudad de San Luis.

Los letrados señalaron que fue autorizado a trabajar en una financiera ubicada en un departamento ubicado en calle General Paz al 849, en la zona céntrica de la capital. “Se lo autoriza a las salidas para trabajar de modo parcial porque no se había justificado ni que existiera una compañía financiera, ni que tuviera habilitación comercial, es decir, no se presentó documentación al respecto. Quien se erige como empleador es Pablo Herrera, otro de los imputados”, apuntó

“Se está tratando de terminar de investigar con prueba pendiente en la causa, pero en definitiva no se ha corroborado la existencia de esta compañía y sin embargo se han permitido las salidas transitorias”, explicó

La ubicación, como comprobó este medio, un edificio de dos pisos con cuatro departamentos, no cuenta con ninguna publicidad o aviso que muestre que se realiza alguna actividad comercial. Fue utilizado para múltiples notificaciones de los juicios de escrituración y usucapión (conocida también como posesión veinteañal) que refieren a la causa judicial.

“Lo han utilizado para cambiar la jurisdicción. Sólo por citar un caso, una persona fue demandada y vive en la ciudad de Merlo y le pusieron este domicilio donde trabajaba Genta en la ciudad de San Luis. Se vulneró la defensa en juicio del demandado, iniciando un juicio acá a sus espaldas”, resumió el letrado.

Otro dato que les llamó sumamente la atención, es que el departamento de General Paz no solo no tiene publicidad alguna, sino que adujeron que se trata de una sede de Montemar, cuando la compañía no la tiene listada en su lista de locales y además porque aseguran que legalmente, las entidades financieras no se pueden franquiciar.

Genta fue contratado para su reinserción por Herrera, que estaba detrás de una inmobiliaria no habilitada llamada Santa Clara. Y aquí también aparece en múltiples operaciones irregulares que son investigadas. En una de ellas, un contrato certificado en el 2010 por una sucesión de un inmueble de Potrero de los Funes, pero cuyo propietario original, de apellido Bernabé, había fallecido en 2007. “Aparece en esta operación vendiéndole a un señor de apellido Méndez una propiedad basada en estos documentos falsos”, aseguró uno de los representantes de los damnificados.

Audiencia de formulación de cargos contra los implicados. (Foto: archivo)

Posteriormente Herrera envió a trabajar a Genta en una playa de estacionamiento sobre calle Lavalle 950. “Esta propiedad fue usurpada al señor Mario Pestchanker por esta misma asociación. Y allí funciona el estudio jurídico del doctor Pablo Herrera. Los domicilios para ellos son todo”, amplió.

“Somos claros en atribuirle al Poder Judicial, sea por negligencia, por inobservancia, que tendrá que ser fruto de materia de investigación, lo que ha facilitado o garantizado la impunidad de estas maniobras hechas por tanta gente y sobre tantos inmuebles. Tienen que haber un montón de mecanismos institucionales que no vieron. Ahora la pregunta es ¿No lo vieron? Y si no lo vieron hay culpa y responsabilidad”, concluyó.

Genta es representado en la causa de estafas inmobiliarias actualmente por la defensora Oficial N°2, Nadia Agundez. Vive en Villa de Merlo.

Villegas fue la jueza que habilitó las salidas transitorias de Diego Domingo Ponce, un femicida que atacó a una niña de 10 años en Santa Rosa de Conlara.

Más detalles del caso

El 20 de agosto del año pasado, se realizó la primera audiencia de formulación de cargos en las que se procesaron a 11 personas por asociación ilícita y estafa. Están implicados el abogado Juan Cruz Domínguez; Hugo Alberto Guzmán, Juan Alberto Sosa, Alberto Javier Ochoa, Pablo Héctor Herrera, María de los Ángeles Toscano, Mario Cristian Vega, Carlos Mario Peralta, Roberto Córdoba Gordillo, Héctor David Escobar, Walter Luis Alejandro Terceros y se le sumaron en noviembre José Héctor Jofre, Pedro Eduardo Mazzocca Fernández, Ruth Sonia Agüero, y Carlos David Genta. Para el 30 de marzo está agendada la audiencia para Salvador Presti.

A modo de resumen, el modus operandi de la banda consistió en la apropiación de inmuebles mediante procesos de escrituración o procesos de posesión veinteañal que transitan todo el proceso sin la contraparte porque las notificaciones las envían a un domicilio que no existe o que si existe estaba en dominio de la organización, algunos de ellos usurpados.

A través de documentación falsa, los demandados no podían defenderse apropiadamente y  la banda obtenía una sentencia favorable. Apuntaban como víctimas a personas ancianas, con impedimentos físicos, problemas de salud o herederos que vivían fuera de la provincia. Las propiedades están ubicadas en diversos barrios y zona céntrica de la ciudad de San Luis y localidades El Volcán, Potrero de los Funes, El Chorrillo, Juana Koslay, Merlo, Nogolí, Los Vallecitos y Luján

“Los jueces civiles no observan la documentación falsa que es burda. Por ejemplo, en contratos de 1989,  dice Pueyrredón, como mencionando el departamento de la capital, cuando sabemos que se sancionó en el 2010 este nombre”, citó a modo de ejemplo.

La investigación está a cargo del fiscal Francisco Assat Alí, en compañía de la fiscal adjunta Ornella Costa.  El 10 de noviembre la Jueza de Garantía N° 4, Luciana Banó, autorizó un plazo de investigación de seis meses y estableció como medidas de coerción la firma semanal en el ministerio Público Fiscal y prohibió la salida de la provincia por igual plazo, salvo por razones de fuerza mayor o de salud. Además, estableció la inhibición general de bienes y la prohibición de contratar respecto de los tres imputados, esta última que caducó a los 120 días.

“Fiscalía tiene identificado como el organizador o el jefe, por los matices jurídicos y por un montón de situaciones que se precisaron en la formulación de cargos al doctor Juan Cruz Domínguez”, remarcó Pipitone.

La Fiscalía de Estado también intervino en la causa porque consideró que se vieron afectados los bienes e intereses de la Provincia, porque Domínguez lograba insertar de manera digital sellos que pertenecían a diferentes reparticiones gubernamentales para así darle mayor credibilidad a los documentos falsos.