La actuación de la fiscal Alejandra Quiroga Nassivera que está en el centro de una controversia con tufillo político, volvió a quedar expuesta porque intentó desestimar, sin investigación, una causa por una presunta defraudación contra el Estado provincial vinculada a la provisión de indumentaria para Bomberos de San Luis.

El caso se originó a partir de la licitación pública Nº 43 MHeIP – DCyC-2025 impulsada por el ministerio de Seguridad, el 10 de febrero 2025, para adquirir equipamiento ignífugo destinado a intervenciones en incendios estructurales y forestales. La contratación contemplaba la compra de ropas de máxima resistencia térmica, diseñada para ingreso directo a zonas de combustión y, por lo tanto, de mayor costo económico.

El 30 de abril se firmó el acta de evaluación de ofertas, en base a la documentación presentada por los proveedores en el sistema de compras y contrataciones de la provincia por el cual se adjudicó basado en la oferta de NORMA NFPA 1971 (referente a equipamiento contra incendio estructural) a la empresa Huaco SA.

El 3 de julio se recibe el equipamiento por parte del proveedor y el 16 de julio se procedió al pago. Al enviar el equipamiento para su ploteo identificatorio se detectó que en la etiqueta de descripción del producto se visualiza que está bajo NORMA NFPA 2112, no siendo la solicitada en el pliego particular de condiciones de la licitación, no coincidiendo tampoco con lo ofrecido mediante el sistema de compras y contrataciones de la Provincia.

Según reconstruyó la Fiscalía de Estado, la empresa adjudicataria entregó un tipo de indumentaria distinto al contratado.

La diferencia radica en que NFPA 2112 es apta para protección contra fuego repentino y comodidad, mientras que la NFPA 197 es de máxima resistencia térmica y protección multicapa.

La NFPA 2112 y la NFPA 1971 son estándares diferentes que establecen requisitos para ropa de protección, pero para diferentes tipos de riesgos. La primera se enfoca en la protección contra incendios repentinos en la industria, mientras que la segunda se centra en la ropa de protección para bomberos estructurales.

La NFPA 2112 protege contra el riesgo de incendios repentinos en industrias como la petroquímica y la de petróleo y gas y NFPA 1971 protege a los bomberos estructurales durante la extinción de incendios en edificios y otras estructuras.

La compra de la indumentaria con las especificaciones NFPA 1971 es lo que necesitan los bomberos de la Policía como el personal de emergencia. El uso de la indumentaria no adecuada, como la provista, deja en riesgo en la integridad del personal. Por otro lado la indumentaria provista tiene un valor muy inferior al que tiene las especificaciones NFPA 1971.

Tras detectarse la irregularidad, el Estado provincial intimó formalmente al proveedor mediante carta documento. En su respuesta, la empresa negó incumplimientos, aunque -según la Fiscalía de Estado- acompañó documentación técnica y material fotográfico que permitiría identificar que las prendas entregadas correspondían a estándares de menor resistencia térmica que los exigidos.

Con esos antecedentes, Fiscalía de Estado y el ministerio de Seguridad hicieron dos denuncias por los mismos hechos: una presentada por el área de Prevención y Emergencias y otra por la Jefatura de Bomberos.

La primera de esas denuncias recayó en la fiscal Quiroga Nassivera. Pero la funcionaria desestimó la causa sin ordenar medidas de prueba, sin convocarlos para la ratificación de la denuncia y sin requerir peritajes técnicos sobre el equipamiento entregado.

La segunda denuncia que es investigada por la fiscal María Lucero Suárez continúa en trámite. Se libraron oficios, informes y demás diligencias para la obtención de información relevante para la causa

Desde el organismo que representa jurídicamente al Estado provincial sostienen que la decisión de archivar el expediente sin investigación impidió esclarecer un hecho que podría encuadrarse en un delito contra la administración pública.

El fiscal Adjutor Berruezo señaló que "se advirtió que el expediente había sido archivado sin actividad investigativa, lo que motivó presentaciones para revertir esa decisión y reactivar el proceso penal".

Actualmente, la Fiscalía de Estado busca reimpulsar la causa:  "Ya solicitamos la producción de medidas probatorias para determinar responsabilidades penales, evaluar el perjuicio económico y ratificar si existió incumplimiento contractual", contó Berruezo. Y reflejó que en este caso, por tratarse de ropa ignífuga, con consecuencias para la seguridad del personal de emergencias cuando enfrentan grandes incendios, todo adquiere una mayor gravedad", explicó el funcionario.

A la par de ello, el caso adquiere una dimensión adicional porque no es la primera vez que la fiscal Quiroga Nassivera muestra un desempeño considerado errático. La funcionaria fue nombrada en 2023 durante las últimas semanas del mandato de Alberto Rodríguez Saá y su actuación en expedientes vinculados a denuncias a ex funcionarios generan cuestionamientos.