Luego de meses de análisis, consultas y debate en el ámbito legislativo, la ley de necesidad de reforma parcial de la constitución provincial obtuvo el último miércoles sanción definitiva en la Cámara de Diputados, tras recibir la semana anterior el respaldo del Senado. El paso parlamentario abre ahora el camino institucional para avanzar hacia la renovación de la Carta Magna sanluiseña, cuya última actualización ocurrió en 1987.

Cristian Altavilla tiene 42 años, es abogado egresado de la Universidad Católica de Cuyo, doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Cuyo y posdoctorado por la Universidad Nacional de San Luis-CONICET. Nació y creció en San Luis, aunque actualmente está radicado en la ciudad de Córdoba. Su vínculo con el proyecto de reforma constitucional no fue circunstancial: se desempeñó como asesor técnico del articulado elaborado e impulsado por el gobernador, Claudio Poggi.

En diálogo con El Chorrillero, Altavilla realizó un balance del proceso y explicó cuáles son, desde su perspectiva, los principales objetivos de la iniciativa. Habló de la necesidad de limitar la concentración del poder, fortalecer la independencia entre las instituciones, modernizar el funcionamiento del Estado y establecer nuevas herramientas para enfrentar situaciones que no existían hace 40 años, cuando se sancionó la Constitución vigente, como la inteligencia artificial.

—Finalmente se convirtió en ley el proyecto de Necesidad de Reforma Constitucional. Usted fue parte del trabajo técnico sobre el articulado. ¿Qué sensación le produjo llegar a este momento después de meses de trabajo?.

—Después de mucho debate, muchas sesiones de análisis y mucho trabajo, donde se analizaron los distintos aspectos del proyecto que fue iniciado por el Poder Ejecutivo, con los puntos concretos a reformar de la Constitución del ‘87, se llegó a buen puerto. Se fueron estableciendo distintas sesiones para estudiar punto por punto. Se hicieron una serie de consultas, además de trabajar con senadores y diputados. Se invitaron a todos los bloques, se recibieron comentarios, hubo debates y se hicieron trabajos de naturaleza comparativa.

También se analizó cómo habían funcionado las instituciones durante estos 40 años de vigencia de la Constitución del 87, qué era lo que había funcionado bien y qué era lo que había funcionado regularmente. La idea siempre fue perfeccionar y tratar de mejorar la Constitución del ‘87 porque la Constitución del ‘87 es una muy buena Constitución, pero también tiene aspectos débiles”.

—¿Cuál es el diagnóstico del que parte esta reforma? Porque no parece plantearse como una ruptura con la Constitución vigente, sino como una actualización.

—El proyecto parte de la idea de que la Constitución del 87 es una muy buena Constitución. De hecho, avanzó muchísimo para la época. Pero también ha tenido sus aspectos débiles, y uno de ellos es que ha permitido una excesiva concentración del poder en pocas manos, algo que hemos visto durante estos 40 años.

Las reelecciones indefinidas, la excesiva concentración de poderes en el Poder Ejecutivo, un hiperpresidencialismo muy acentuado y la personificación del poder, estos liderazgos caudillescos y personalizados, han permitido que los sistemas de pesos y contrapesos se hayan visto de alguna manera desbalanceados.

La idea fue dotar de un poco más de institucionalidad al sistema hacia el futuro. Permitir mayor rotación en las máximas magistraturas, mayor independencia entre los poderes y mayores niveles de expertise. La idea es tener un Estado más transparente, equilibrado, controlado y presente”.

—Cuando usted habla de fortalecer la institucionalidad, ¿qué tipo de Estado se busca construir esta reforma?

—La reforma busca un Estado mucho más transparente, mucho más equilibrado, mucho más controlado y más presente. Un Estado que pueda dar respuesta, pero que pueda hacerlo de manera eficiente y también con responsabilidad. Y no hablo solamente de una responsabilidad política, sino también de una responsabilidad fiscal desde el punto de vista del gasto público.

Por eso también tiene una mirada que preserva la fiscalidad del gasto público, que busca preservar las cuentas públicas y tener un Estado eficiente desde el punto de vista del gasto. Esto es una demanda de la sociedad hoy.  Lo vemos a nivel de la sociedad argentina en general y también particularmente en San Luis. No se crea un nuevo poder, pero se le da mayor independencia al Ministerio Público.

—Uno de los cambios institucionales que aparecen en el proyecto tiene que ver con el Ministerio Público. ¿Qué importancia tiene esa modificación dentro del nuevo esquema?

—Si analizás la reforma, vas a ver que no se crea un nuevo poder, pero sí se le da mayor independencia al Ministerio Público, que es un órgano que tiene a su cargo nada más y nada menos que la acción pública. El Ministerio Público lleva adelante la defensa de la legalidad en la sociedad y las acciones penales, como así también la defensa de los menores y de aquellas personas que no tienen los recursos para poder tener una defensa adecuada, tanto en causas civiles como penales.

Lo que se hace es erigirse como un poder con suficiente autonomía funcional y autarquía económica respecto del Poder Judicial. La idea es que pueda funcionar de manera eficiente en estos engranajes de lo que es el Estado moderno, que sea un órgano mucho más ágil.

El asesor de la reforma constitucional, Cristian Altavilla expone en el plenario de la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. (Foto Marcelo Lacerda)

“La Constitución también tiene que mirar hacia las nuevas tecnologías”

— Hay otro aspecto de la reforma que parece especialmente novedoso respecto de la Constitución de 1987. La incorporación de artículos vinculados con las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial. ¿Qué implica esto?

—Tiene un aspecto clave que viene a responder a una demanda muy actual de la sociedad, que son las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial. Ya se han instalado, interpelan a la sociedad toda y, en particular, al Estado, que es quien tiene que dar una respuesta. Hoy estamos insertos en un gran debate a nivel mundial respecto de si se deben regular o no. Vemos, por ejemplo, dos grandes posturas: la posición norteamericana, que plantea que no se debe regular, y la posición europea, que sí plantea una regulación.

Hay muchas posturas y todavía estamos en un proceso cuyos efectos no conocemos completamente. Esto todavía no ha terminado y no sabemos qué consecuencias va a tener. Pero sí está claro que el Estado tiene que tomar cartas en el asunto de alguna manera. Hay una cuestión imperiosa por parte del Estado, que es la obligación de proteger a la persona humana.

La reforma tiene un mensaje claro en este sentido y está en línea con lo que se viene discutiendo en el denominado constitucionalismo digital.

—En este punto también hubo aportes de distintos actores de la sociedad, entre ellos la Iglesia Católica de San Luis. ¿Qué importancia tuvo esa mirada?

—No es una cuestión meramente religiosa. Es una cuestión de protección de lo que es la dignidad humana, de darle contenido moral y ético a la regulación de la inteligencia artificial y de las nuevas tecnologías para proteger a la persona humana y su dignidad.

En la reforma del 94, o incluso en la Constitución del 87, en San Luis se hablaba de la protección de los datos personales. En la vieja discusión de las décadas del ‘80 y del ‘90 se hablaba de los datos personales cuando, por ejemplo, dejabas tu información en bancos o entidades crediticias.

Hoy eso va mucho más allá. Está tu imagen, tu voz, tus fotos, tus videos. Y también está la inteligencia artificial generativa, que permite crear contenido incluso ficticio con tu propia imagen o con tu propia voz. Por eso el Estado tiene que intervenir y establecer principios.

—¿Qué significa concretamente que estos principios ingresen en la Constitución? Le pregunto porque aún no hay jurisprudencia clara en nuestro país. 

—La Constitución no va a regular en detalle lo que es la inteligencia artificial ni las nuevas tecnologías. Va a fijar principios para que después la Legislatura pueda sancionar leyes que regulen con mayor detalle estas cuestiones. Se trata de establecer cómo se tiene que utilizar la inteligencia artificial, con mayores criterios éticos y dotar de contenido material lo que es la trazabilidad en su utilización.

Eso tiene que ver, por un lado, con evitar los riesgos o reparar los daños que se puedan producir mediante la utilización de la inteligencia artificial. Pero también, como ya lo dice la Constitución, hay que pensar en acortar la brecha digital.

Tiene que existir un compromiso por parte del Estado para proporcionar el acceso a las nuevas tecnologías a todas las personas, desde el punto de vista económico, para que puedan no solamente educarse, sino también para que las pequeñas y medianas empresas puedan desenvolverse económicamente a partir de las nuevas tecnologías.

Porque, de lo contrario, las brechas económicas se multiplican de manera enorme. Hoy no es lo mismo quien produce con inteligencia artificial o con nuevas tecnologías que quien no dispone de esos medios. Ahí el Estado juega un rol clave.

Hoy no tenemos regulación a nivel federal respecto a esto. Que San Luis avance en esta materia significa una protección muy importante para los puntanos. Los habitantes de San Luis vamos a tener una protección avanzada en materia de inteligencia artificial y nuevas tecnologías antes que el resto de la población.

Al día de mañana, si se quisiera legislar esto a nivel nacional, podría ser un antecedente muy importante para que después se vuelque al resto del país. Pero ya sería un antecedente inmediato para ser aplicado en San Luis, para que los jueces y para que la Legislatura puedan regular con mayor detalle estas cuestiones.

“El artículo sobre la reelección del gobernador no es restrictiva para nadie, apunta al futuro”

—Quiero detenerme en uno de los puntos que generó debate en la escena política: el artículo vinculado con la reelección del gobernador. Desde la oposición se ha cuestionado su redacción y se planteó que podría ser restrictivo para algunas figuras de la política local. ¿Cuál es su interpretación?.

—La redacción no es restrictiva para nadie, absolutamente para nadie. Tal como está redactado el artículo que limita la reelección del gobernador en el proyecto y ahora en la ley que se ha sancionado, rige pura y exclusivamente para la persona que ocupa el cargo actualmente. Es a futuro.

Como toda cláusula transitoria, la vas a encontrar en todas las constituciones que se han reformado, incluso en la Constitución Nacional de 1994. Siempre aplica para la persona que está en el cargo al momento en que se reforma la Constitución y siempre aplica hacia el futuro, nunca para atrás. No son retroactivas. No se pueden aplicar para personas que ocuparon esos cargos con anterioridad.

Si el gobernador actual no se presenta o no gana en la próxima elección, podría volver más adelante, pero por un solo período.

—Entonces, ¿qué indica ese tramo de la nueva Carta Magna, cómo funcionará en el caso del actual gobernador?

—El texto sobre la reelección del gobernador es claro dice “a todos los efectos”. Supongamos que, por los motivos que fuere, el gobernador Poggi no se presenta o lo que fuera no pasa nada. Sin embargo, si quisiera volver a presentarse en otro momento, puede hacerlo. Si gana esa nueva elección, puede asumir como gobernador. Pero solo por ese único período. Sería por un solo período más.

El sistema es idéntico al del presidente estadounidense. Una persona solo puede gobernar durante dos períodos a lo largo de toda su vida. Nada más. En forma consecutiva o alternada. Pero solo dos veces. Y en el caso de esta Reforma Constitucional la mirada es de aquí al futuro, no limita a personas que ya ocuparon el cargo en el pasado.

Cualquier otra persona que haya sido gobernador con anterioridad puede, de aquí en más y con esta nueva Constitución, ser gobernador durante dos veces, consecutivas o no. Pero solo dos veces. Porque las constituciones siempre rigen hacia el futuro, nunca hacia atrás.

—Después de todo este trabajo, ¿cuál diría que es, en definitiva, el sentido profundo de esta reforma que ahora empieza a transitar una nueva camino?

—La idea es perfeccionar la Constitución del ‘87, no desconocerla. Hay que mirar lo que funcionó bien y tratar de mejorar aquello que puede ser mejorado. Hay una búsqueda de mayor institucionalidad, mayor rotación en las máximas magistraturas, mayor independencia entre los poderes, más controles y más equilibrio.

También se busca un Estado más transparente, equilibrado, controlado y presente, que pueda dar respuestas de manera eficiente y con responsabilidad. Y al mismo tiempo hay que entender que estamos frente a una sociedad completamente distinta de la de 1987.

Las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, la protección de la imagen, de la voz, de los datos y la necesidad de reducir la brecha digital son cuestiones que hoy forman parte de nuestra realidad.

La Constitución tiene que establecer los principios que permitan que las instituciones puedan responder a esos desafíos, que se fortalezcan y que el sistema funcione mejor hacia el futuro.