El Colegio de Abogados y Procuradores de Villa Mercedes denunció demoras extremas, falta de personal y desorganización en el fuero de Niñez, Adolescencia, Familia y Violencia. Lo hizo en un documento que dirigido al presidente de la Cámara de Apelaciones de la Segunda Circunscripción Judicial, Fernando Pascuet.

Solicitaron intervención y “auxilio institucional” ante la “crítica” situación que atraviesa el área en la jurisdicción.

En el escrito, que está firmado por la presidenta de la entidad, Mariela Blengino explicaron que desde hace más de dos años conviven con la problemática, y que en mayo de este año intentaron paliar la situación sin éxito.

Detallaron que “se observa una profunda mora judicial en la tramitación de las causas”, especialmente en las de naturaleza alimentaria, ya que algunas llevan varios meses sin decretarse.

También plantearon que existen falencias en los regímenes de comunicación y asistencia para decretar pedidos. Señalaron “reclamos en mesa de entrada, y clientes que se abarrotan en los pasillos haciendo sus descargos sin solución posible alguna”.

Advirtieron “una marcada ausencia de personal, tanto administrativos como funcionarios”, que provocan oficinas de gestión unificadas acéfalas que imposibilitan el avance de las causas.

Destacaron “la asunción de secretarios, que habiendo aceptado el cargo, proceden a presentar certificado médico para acceder a licencias, otros que presentan permanentes inasistencias y jueces en idénticas condiciones”.

Otro de los puntos que resaltaron, es que los plazos procesales no son respetados y las audiencias sufren reprogramaciones.

Apuntaron al Juzgado de Familia N°1 donde “para los juicios de alimentos, fija para más de un mes de plazo desde el pedido y luego en el día reprograma para una fecha con un mes posterior”.

Estas modificaciones, según plantearon, generan dilación y los dictados de sentencia se postergan indefinidamente.

Consideraron “alarmante” la fragmentación de criterios jurídicos “en cuestiones donde debería primar la uniformidad legal y jurisprudencial”.

“Esta situación de anarquía y desorganización, sumado a la falta de criterios de coherencia, oficiosidad y principios protectorios a favor del niño, colocan a la sociedad toda en un estado de agonía que ponen en riesgo el sistema de organización de gobierno, por cuanto se está desconociendo y abandonando a la problemática”, transmitieron.

Señalaron otra problemática reciente: se están rechazando cédulas debido a que los domicilios consignados no coinciden con los que figuran en el sistema.

Calificaron la situación como “incoherente”, ya que la confección de una cédula no debería condicionarse a ese requisito.

“Esto genera que el juicio quede paralizado. No hay manera de que el área avance pese a todos los reclamos realizados y ahí queda extinguido el expediente sin solución alguna”, cuestionaron.

Indicaron que en distintas oportunidades se elevaron pedidos al Superior Tribunal de Justicia solicitando auxilio institucional y recomendaciones que contribuyan adoptar soluciones, como así también la unificación de criterios en materias esenciales como alimentos y régimen de comunicación.

Sin embargo, el escenario sigue siendo dispar, acusaron.

Graficaron que “mientras un juzgado fija un salario mínimo vital y móvil como cuota alimentaria, otro determina medio salario y un tercero sólo el 10% ante situaciones fácticas idénticas”.

Y agregaron que “esta diversidad genera una justicia desigual, arbitraria y contraria al principio de igualdad ante la ley”.

También hicieron referencia al funcionamiento del Juzgado N°3, fundamentando que “ni siquiera fija un régimen comunicacional provisorio hasta el dictado de sentencia”, causando “impacto emocional y psicológico en los niños”.

 “La justicia que no llega a tiempo es una justicia denegada y no es posible construir una democracia sólida cuando el sistema judicial no acompaña ni responde a las necesidades básicas de la familia”, remarcaron.

Ante este panorama, el Colegio solicitó de manera urgente que se adopten medidas concretas para garantizar la celeridad, eficacia y cumplimiento estricto de los plazos procesales, que se convoque a los tres juzgados de familia a fin de promover la unificación de criterios en materia de alimentos, comunicación y otras temáticas de alta sensibilidad.

Además, que se evalúe la situación funcional y estructural de los organismos intervinientes para implementar reformas o reforzar recursos donde sea necesario, y que se restituya a los ciudadanos de la circunscripción, el acceso real a una justicia de familia eficiente, igualitaria y protectora.

“Confiamos en su compromiso con el fortalecimiento del sistema judicial y quedamos a su disposición para colaborar activamente en la construcción de soluciones duraderas”, concluyeron.