Este jueves por la mañana se realizó una audiencia en el marco de la causa que tiene como imputados a tres dirigentes de ATE, Fernando Gatica, Florencia Mendoza y Walter Barroso por daños ocasionados a la Municipalidad de San Luis, en enero de 2024. En esta oportunidad, fue convocada por el abogado de la comuna, Cristóbal Ibáñez, para renovar una restricción de acercamiento hacia el intendente Gastón Hissa.

Debido a que el expediente ya está camino al debate oral, programado para el 27 de marzo de 2026, el pedido fue ante el juez de Juicio, Fernando De Viana. Intervino el fiscal Fernando Rodríguez, mientras que los acusados estuvieron representados por Francisco Guasconi.

Inicialmente, Ibáñez fundamentó el requerimiento de la medida e hizo un repaso por los hechos, que se remontan al 30 de enero de 2024, poco más de un mes después de la asunción de Hissa en la intendencia.

La audiencia de este jueves. (Foto: Blas Abayay)

El letrado de la Municipalidad mencionó que la Justicia ya había impuesto una restricción en cuatro ocasiones, y que la última culminó en marzo. Sin embargo, mencionó que recientemente recibieron amenazas de parte del gremio de que este viernes se harían presentes en la fiesta por el Día del Empleado Municipal para realizar una protesta.

En este sentido, consideró que eso implica un riesgo para Hissa y los trabajadores, y resaltó la necesidad de que el evento se concrete con total tranquilidad.

Guasconi se opuso a la medida. Entre sus argumentos, planteó la afectación de sus defendidos, que se trató de un pedido “apresurado” y descartó la urgencia para tratar la solicitud de la querella.

El abogado consideró que en la causa, caratulada como daño a bienes del Estado, no tienen al intendente como damnificado. Sumó a eso que tras el vencimiento de la última restricción no hubo ninguna situación o amenaza que amerite la continuidad.

“Esta medida es un capricho”, subrayó Guasconi e hizo cuestionamientos a la investigación.

Juez Fernando De Viana. (Foto: Blas Abayay)

Por su lado, Rodríguez no expuso objeciones a la nueva restricción debido a que “no están en juego interés públicos”. Sin embargo, consideró que “no es saludable utilizar los órganos jurisdiccionales para dirimir conflictos de índole política”.

Tras un cuarto intermedio para deliberar, De Viana dispuso la medida por el plazo de cuatro meses. “Las circunstancias lo ameritan, hay una cuestión de urgencia, hay una causa en un estado avanzado”, sostuvo el magistrado.

Asimismo, dijo que “están verificados los requisitos de procedencia para una medida de este orden”.

Gatica, Mendoza y Barroso llegarán al debate oral acusados del delito de daños a bienes del Estado y con un pedido de pena provisorio de dos años de cárcel.

Los perjuicios que provocaron en el edificio municipal fueron tasados por la querella en $6 millones, a enero de 2024. $2 millones correspondían a los daños materiales y $4 millones al sueldo de los empleados que no pudieron trabajar por la toma.