Un diputado nacional por San Luis presentó un proyecto en el Congreso para que se informe qué ocurrió con todas las causas judiciales iniciadas durante la pandemia por incumplir las restricciones sanitarias.

Se trata de Carlos Almena, quien impulsó una iniciativa en la Cámara de Diputados para relevar el estado de situación de los expedientes abiertos entre 2020 y 2023 bajo la aplicación del artículo 205 del Código Penal, la figura utilizada para sancionar la violación del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO).

El proyecto solicita al Poder Ejecutivo Nacional que, a través del Ministerio de Justicia, requiera a los poderes judiciales provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires información detallada sobre imputaciones, procesamientos, condenas y el estado actual de cada causa, incluyendo aquellas que fueron archivadas o prescribieron.

Además, apunta a conocer si hubo denuncias contra fuerzas de seguridad vinculadas a estos hechos y cuál fue su evolución judicial o administrativa.

En los fundamentos, el legislador sostuvo que el objetivo es realizar un relevamiento integral del impacto que tuvo la aplicación de esta norma durante la emergencia sanitaria, en un contexto en el que —según planteó— se registraron denuncias por posibles excesos en el accionar estatal.

El artículo 205 del Código Penal establece penas de seis meses a dos años de prisión para quienes violen medidas adoptadas por las autoridades para impedir la propagación de una epidemia. Durante la pandemia, esta figura fue aplicada de manera masiva en todo el país y dio origen a miles de causas judiciales, muchas de las cuales no avanzaron o fueron archivadas.

En su argumentación, Almena puso especial énfasis en lo ocurrido en San Luis durante ese período, al señalar que fue una de las provincias con mayores restricciones, con medidas como el cierre de accesos, controles estrictos de circulación y un sistema de movilidad por terminación de DNI.

En ese contexto, el proyecto menciona dos casos que tuvieron fuerte repercusión pública: el de Florencia Magalí Morales y el de Franco Gastón Maranguello.

Morales fue detenida el 5 de abril de 2020 en Santa Rosa del Conlara por presuntamente violar la cuarentena y horas después fue hallada muerta en una comisaría. Si bien la versión inicial indicó que se trató de un suicidio, la investigación avanzó con el tiempo y derivó en imputaciones por delitos como torturas seguidas de muerte contra efectivos policiales.

El caso de Maranguello, un adolescente de 16 años, ocurrió semanas después en Villa Mercedes. También fue demorado por una supuesta infracción a las restricciones sanitarias y posteriormente apareció sin vida en una dependencia policial, lo que generó cuestionamientos y pedidos de investigación.

La iniciativa de Almena se inscribe en un debate más amplio sobre las consecuencias de las medidas adoptadas durante la pandemia y el alcance de las restricciones en relación con los derechos individuales.

El proyecto deberá ser tratado en comisión y podría avanzar hacia el recinto en un escenario donde distintos sectores políticos comenzaron a revisar lo ocurrido durante ese período excepcional.