A un año y medio de la denuncia, la Justicia citó a indagatoria a tres ex ministros de Alberto Rodríguez Saá por corrupción. Se tratan de Ernesto “Pipi” Alí, Luciano Anastasi y Claudio Latini.

En la audiencia serán imputados por fraude en perjuicio a la administración pública, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

La jueza de Garantía N° 4 de San Luis, Luciana Banó, hizo lugar al pedido de formulación de cargos solicitado por la fiscal de Instrucción N°6, Linda Maluf Martínez y fijó la fecha para el 25 de septiembre a las 9 en la Sala de Oralidad N°1.

El llamado también alcanza a los ex intendentes de San Francisco, Jeremías Vivas y de Cortaderas, Mario Canali.

La actual ministra de Seguridad, Nancy Sosa presentó la denuncia el 3 de marzo de 2024. Los tres la antecedieron en la función y en el caso de Alí, actualmente es intendente de La Toma en uso de licencia y diputado nacional.

Tras el cambio de administración, se comunicó que el legislador recibió anticipos financieros en el marco de un contrato con el Gobierno de Rodríguez Saá con el objetivo de refaccionar dependencias policiales en La Toma. Más allá de los giros, las obras no se concretaron.

Según la denuncia, se encontraron en la localidad con “una seguidilla de contratos firmados con la Municipalidad para refaccionar y reacondicionar el destacamento del cuartel de bomberos, el sector de Criminalística, Investigaciones y Canes y la Comisaría de la Mujer, más el comedor de la Unidad Regional”.

Se trazó un relevamiento de los edificios y se constató que, más allá de los recursos anticipados que superaron el 30% del total, se demostró que los arreglos nunca se realizaron.

En aquel momento fueron aportadas fotos elocuentes del estado de abandono de los edificios.

Sobre Anastasi y Latini pesa la acusación de ser los responsables de la contratación, el pago adelantado excesivo y la falta de control de las obras. Y sobre Alí, el hecho de haber sido el contratista que no cumplió con los trabajos.

En el cierre de 2023, el Gobierno de Claudio Poggi que transitaba sus primero días rescindió los contratos, obligando al municipio a entregar la obra en el estado en el que se encontrase.

Al igual que Ali, Vivas y Canali eran responsables de llevar adelante las obras en sus localidades. Las transferencias salieron de las arcas del Ejecutivo a las intendencias para las remodelaciones que nunca se hicieron.

“Debían procurar construir las obras y no lo hicieron. Se hicieron inspecciones judiciales y se constató en La Toma, Cortaderas y San Francisco que no se hizo nada. Efectivamente, el dinero salió del Ejecutivo, no se rindió cuentas y no se hizo nada”, sostuvo el jefe de la Sala Penal de la fiscalía de Estado, Santiago Calderón Salomón.

Y profundizó en las condiciones que presentaban los edificios, sin los arreglos: “Era tal el nivel que llegaron a ser utilizadas por familias para vivir. Las construcciones estaban vacías, no había puertas, nada. Ahora todos irán a indagatoria”.

Al momento de ratificar la presentación, Sosa se detuvo en profundizar: “Pude transmitirle mi preocupación del daño social que se hace cuando se produce un delito, sobre todo cuando se toma por propio lo que le pertenece a todos, no solo al Estado provincial, sino que es algo que se compró con los recursos de todas las personas”.

A la par, Latini afronta otro proceso judicial: en octubre enfrentará un juicio oral por delitos por corrupción. Es acusado de peculado por haber dañado y sustraído bienes de Casa de Gobierno, que fueron llevados hasta su vivienda en la ciudad de Juana Koslay.

Todo eso el 7 de diciembre de 2023, tres días antes de dejar su cargo. La Fiscalía de Instrucción pidió dos años y medio en suspenso.