Se concretó la formulación de cargos contra Viviana Moreyra, esposa del ex ministro de Alberto Rodríguez Saá, Sergio Freixes. En la misma, causa él está imputado junto a otras tres personas. Era el administrador de la Municipalidad del Pueblo Ranquel, y es sospechado de usar fondos de esa comunidad y del Estado provincial para el beneficio personal.

A la mujer le formularon idénticos cargos: asociación ilícita y administración fraudulenta en concurso ideal. Por su estado de salud, no pudo presentarse en el Poder Judicial de Villa Mercedes, y participó de la audiencia de manera virtual.

Los otros involucrados son Sofía Aguilera (era la secretaria en la administración de la Municipalidad del Pueblo Ranquel); Arturo García Montani (realizó tareas administrativas, impositivas, contables y de limpieza de estancia), y Diego Lucero (el actual intendente de Fortuna y socio de El Relincho SRL, la empresa que fundó la familia Freixes).

Freixes tenía un poder especial que le había dado el entonces gobernador Alberto Rodríguez Saá, y entre 2020 y 2023 estuvo al frente de manejos irregulares que denunció la Fiscalía de Estado.

Freixes tenía un poder especial que le había dado el entonces gobernador Alberto Rodríguez Saá, y entre 2020 y 2023 estuvo al frente de manejos irregulares que denunció la Fiscalía de Estado. Tenía a cargo la administración del municipio y para que se hicieran las operaciones se necesitaba la firma de Freixes y de García Montani, que era el contador. Administraron dos cuentas: una productiva y otra de coparticipación. Se estima que, teniendo en cuenta la actualización a la fecha, el desfalco podría ser de 1 millón de dólares.

LEÉ TAMBIÉN:

Corrupción: la Justicia imputó al ex ministro de Rodríguez Saá, Sergio Freixes por asociación ilícita cuando administró el Pueblo Ranquel

En ese tiempo, Freixes y Alberto Rodríguez Saá se autoproclamaron lonkos, y de esa manera condujeron los destinos de esa comunidad originaria, que habita en un inmueble de 20.000 hectáreas, y que se dedica especialmente a la producción agropecuaria y ganadera.

Consta en el expediente que unos días antes de que se fueran del poder, los dos se transfirieron 50 millones del tesoro provincial.

El Ministerio Público Fiscal, representado por Maximiliano Bazla y Nayla Cabrera Muñoz, expuso las evidencias que tienen ahora para acusar a Moreyra. Apuntaron que ella es parte “integral de la asociación ilícita”, y donde todos “se constituyeron con el fin de cometer ilícitos indeterminados, con una participación activa de cada uno de los acusados y el cumplimiento de distintos roles”.

La Fiscalía fundamentó que Moreyra y el intendente Lucero, eran socios y administradores de El Relincho SRL, la empresa que según Bazla utilizaron “para cometer fraude en perjuicio del Estado y del propio Pueblo Ranquel”. Sostuvo que desde esa sociedad se “justificaban gastos realizados desde las cuentas estatales”.

LEÉ TAMBIÉN:

Corrupción: imputaron a Viviana Moreira, esposa de Sergio Freixes, por no rendir fondos que usó cuando fue intendenta de Nueva Galia

Los fiscales que fundaron la formulación de cargos. (Foto: Nahuel Sanchez)

Los movimientos que analizó la Fiscalía

Cabrera Muñoz detalló cuáles fueron las operaciones fraudulentas, y evidenció las conductas delictivas de los participantes. El análisis fue realizado sobre las dos cuentas que estaban disponibles: la productiva y la de coparticipación (desde el 2021 hasta que cambió la gestión).

Respecto de la cuenta productiva de 2021, identificaron pagos duplicados correspondientes a una misma factura. Detectaron un monto de $2.566.540 entre enero y agosto de ese año, en conceptos vinculados a administración, alquiler y mantenimiento de vehículos, adquisición de postes y servicios para siembra por parte de El Relincho SRL.

También identificaron el pago de facturas en más de una ocasión. “Concretamente, tenemos uno de $70.000 que ha sido abonado tres veces, dos por transferencia y uno por la utilización de cheques, y aproximadamente siete transferencias por un monto aproximado de $3.050.600”, describió Cabrera Muñoz.

En la cuenta productiva de 2022, verificaron pagos sin la contratación o la documentación respaldatoria correspondiente, por un monto aproximado de $8.849.317,68. Además, detectaron pagos duplicados por los mismos montos.

En relación con la cuenta productiva de 2023, observaron erogaciones vinculadas al mantenimiento y pago de combustible de vehículos, por un monto aproximado de $14.335.709. “Esto corresponde al vehículo en concreto cuya titularidad pertenece a El Relincho SRL”, dijo la fiscal.

También pudieron verificar que durante ese mismo año hubo duplicados de una misma factura, pagos sin contrataciones y sin documentación respaldatoria por aproximadamente $13.143.000 y $5.600.000.

Respecto de la cuenta de coparticipación de 2023, nuevamente identificaron pagos de mantenimiento y combustible de vehículos para el mismo auto, a nombre de la sociedad El Relincho, por aproximadamente $14.690.590.

“Con estos movimientos, con este análisis de cada uno de estos años, en cada una de las cuentas, lo que se pretende evidenciar es que son erogaciones o movimientos de dinero que no se realizan en beneficio de la normal actividad estatal, sino que justamente buscan un beneficio económico personal de cada uno de los participantes de este acto ilícito, en este caso en particular de la señora Viviana Moreyra, y que además exceden plenamente el concepto agropecuario para el cual, digamos, estaban autorizadas las funciones”, concluyó.

La defensa se opuso a la acusación y argumentó que la Fiscalía no describió de qué manera participó su defendida en la organización. Y que Moreyra no estaba autorizada para manejar las cuentas estatales.

Bazla fue preciso al sostener que el comportamiento de la imputada consistía “en eludir el accionar judicial y justificar algo injustificable”.

Jueza Natalia Pereyra Cardini. (Foto: Nahuel Sanchez)

“Cuando decimos que es integrante de El Relincho SRL, estamos diciendo que, al momento de hacer el detalle, las operaciones, ella era integrante y formaba parte como administradora de esa sociedad”, aseguró el fiscal, y aclaró que “el administrador de la sociedad es la persona que lleva a cabo la facturación, que brinda la documental, que acompaña y entrega las facturas y hace los informes para justificar de alguna manera que existía una operación que no existe”.

Al último, la jueza de Garantía N° 3, Natalia Pereyra Cardini, dio por formulados los cargos provisorios en los términos solicitados por la Fiscalía.

“Si a mí se me da un poder o una facultad para administrar bienes que no son míos, yo no puedo hacer con esos bienes lo que a mí se me plazca. Debo rendir cuentas y aclarar en qué gasté, y gastar en lo que me autorizan gastar y no gastar tres o cuatro veces en lo mismo”, sostuvo del mismo modo, cuando le tocó imputar al resto de los acusados.

Como medida de coerción solo se dispuso la prohibición de salir del país sin autorización judicial.

Cobertura e informe: Rocío Ojeda