Por tercera vez, la audiencia de formulación de cargos contra el ex ministro de Desarrollo Social, Nicolás Anzulovich, volvió a suspenderse. Fue este miércoles tras un nuevo planteo de la defensa, en una nueva acción que impide avanzar con la imputación en la causa por presunto enriquecimiento ilícito.

En el inicio de la audiencia ante el juez de Garantía, Marcos Flores Leyes, el abogado defensor, Cristóbal Ibáñez, presentó un pedido de nulidad contra la intervención de la fiscal de Juicio Virginia Palacios, quien había ratificado al fiscal de Instrucción Francisco Assat Alí al frente de la investigación.

El planteo se originó a partir de dos dictámenes emitidos en pocas horas, uno en el que Palacios se excusaba y otro posterior en el que dejó sin efecto esa decisión al considerarla un “error material”.

Ante ese escenario, Flores Leyes, resolvió no pronunciarse sobre el fondo y remitir la cuestión al procurador General, Sebastián Cadelago Filippi, quien deberá definir si corresponde ratificar la continuidad del fiscal o adoptar otra decisión dentro del Ministerio Público Fiscal.

Nicolás Anzulovich. (Foto: Marcelo Lacerda).

La suspensión se suma a dos instancias previas que tampoco pudieron concretarse: la primera por inconvenientes en la notificación del imputado y la segunda por una recusación presentada a último momento contra Assat Alí. Con este nuevo episodio, la formulación de cargos —paso clave para formalizar la imputación— continúa sin realizarse.

Desde la Fiscalía, el planteo de la defensa fue rechazado de plano. Assat Alí sostuvo durante la audiencia que se trata de un intento de evitar esa instancia importante del proceso: “Todavía ni siquiera se le ha podido imputar a esta persona cuáles son los hechos de los que tiene que defenderse”.

El fiscal también consideró que el planteo incorpora una instancia innecesaria al expediente. “Estamos dándole un trámite extra a la causa que realmente no lo ameritaba”, sostuvo, y explicó que la situación se originó en un “error material” que ya había sido subsanado dentro del proceso.

En la misma línea, el fiscal de Estado adjutor Rafael Berruezo defendió la validez de las actuaciones y cuestionó la nulidad planteada por la defensa. “Para pedir la nulidad se debe explicar cuál es el perjuicio. Acá no se da cuenta de cómo se afecta el debido proceso”, señaló.

El funcionario también puso el foco en el momento en que se presentó el planteo y en las vías procesales utilizadas. “Si no estaba de acuerdo con lo resuelto por la fiscal de Juicio, debió recusarla en tiempo y forma. Como ese plazo venció, se recurre a la nulidad”, afirmó, y agregó que el trámite seguido “se hizo como corresponde y conforme al Código Procesal”.

La audiencia en la Justicia. (Foto: Marcelo Lacerda).

Berruezo fue más allá y apuntó contra el defensor por la recusación: “Utilizó un video de un reportaje para argumentar mintiendo la fecha deliberadamente. Era del 28 de abril y dijo que había sido el 30 para que le den los plazos. Y eso es grave”.

Además, aseguró que existe una estrategia para demorar el avance del expediente. “Estoy totalmente convencido”, respondió cuando fue consultado sobre si cree que hay una maniobra dilatoria.

“Sucede desde la primera notificación nomás, ridícula. No se notificó y (Anzulovich) trabaja acá”, agregó.

Desde la defensa, en tanto, cuestionaron la actuación de la fiscal de Juicio y calificaron como “arbitrario” el cambio de criterio entre los dos dictámenes emitidos en pocas horas, al sostener que no se brindaron fundamentos suficientes para rechazar el planteo inicial.

Tras escuchar a las partes, Flores Leyes, resolvió no expedirse sobre el fondo del pedido y enviar las actuaciones al procurador General, Cadelago Filippi, para que determine si corresponde ratificar o no la continuidad de Assat Alí  como fiscal instructor.

Juez de Garantia, Marcos Flores Leyes.

“Si bien puede existir un error material, estas irregularidades claramente tiñen de una manera u otra un manto que debe ser salvado principalmente en atención de la intervención de la Fiscalía”, sostuvo Flores Leyes.

El magistrado agregó que “los dictámenes contradictorios de la fiscal de Juicio conllevan una falta de afirmación de la actuación del fiscal de Instrucción” y remarcó que “todas las cuestiones relacionadas con el accionar del Ministerio Público Fiscal en relación a las recusaciones deben ser tramitadas dentro del mismo”.

La investigación se originó en junio de 2023 a partir de una denuncia presentada por una trabajadora del Plan de Inclusión Social y apunta a un presunto desfasaje entre los ingresos declarados por Anzulovich durante su paso por el Gobierno provincial y el patrimonio que habría acumulado en ese período.

Entre los bienes bajo análisis figuran vehículos de alta gama —como una KTM 1190, una Ford Maverick y unidades de la marca Jeep— y una vivienda en el barrio privado Refugio del Lago, en La Florida. La hipótesis de la Fiscalía es que esos activos no se condicen con los ingresos declarados durante la gestión de Alberto Rodríguez Saá.

Minutos antes del inicio de la audiencia, Anzulovich evitó hacer declaraciones a El Chorrillero, aunque sí habló con otros medios y sostuvo que todos sus bienes “están justificados”.