El gobernador Claudio Poggi anunció este martes a través de sus redes sociales que ordenó avanzar con la denuncia y el pedido de remoción de la jueza Cynthia Liliana Fernández Paz, luego de la regulación de honorarios por más de $1.100 millones en la causa vinculada al Parque Acueducto Vulpiani, en Juana Koslay.

En su publicación, el mandatario calificó la decisión judicial como “estrafalaria, desmedida y grotesca” y sostuvo que la magistrada “ha deshonrado con su conducta el cargo para el cual ha sido nombrada”. Además, pidió ue el Jurado de Enjuiciamiento actúe “dentro del estado de derecho y la Constitución, pero con la máxima celeridad posible”.

Después de ese pronunciamiento, la fiscal de Estado de la Provincia, Fabiana Zárate, concretó la presentación formal ante el Jurado de Enjuiciamiento contra la titular del Juzgado Civil, Comercial y Ambiental N°5 de la Primera Circunscripción Judicial. En la denuncia, además del pedido de remoción, se solicitó la suspensión preventiva de Fernández Paz mientras dure el proceso, con derecho a percibir el 50% de su remuneración.

El planteo acusa a la jueza de incurrir en las causales previstas por la Ley de Jurado de Enjuiciamiento: “desconocimiento inexcusable y grave del derecho”, “incumplimiento de los deberes inherentes a su cargo” y “graves irregularidades en el procedimiento que hayan motivado el desprestigio del Poder Judicial”.

La historia que hoy desemboca en una denuncia institucional comenzó el 12 de abril de 2023, cuando el entonces gobernador Alberto Rodríguez Saá firmó el decreto que daba inicio a una obra en el Parque Acueducto Vulpiani. El proyecto, adjudicado a la empresa Serving SRL, contemplaba una intervención sobre más de 12 hectáreas con edificios para comercios y oficinas, senderos, un teatro al aire libre, juegos infantiles, miradores y una pasarela, entre otras instalaciones. La inversión prevista ascendía a $1.820.823.419,69.

El eje central de la denuncia es la resolución interlocutoria dictada el 2 de marzo de 2026 en el incidente de regulación de honorarios dentro de la causa promovida por la Asamblea Ciudadana por el Vulpiani contra el Gobierno provincial y otros demandados. Según la Fiscalía, la magistrada transformó de manera arbitraria un proceso ambiental de monto indeterminado en uno con valor económico, al fijar el monto del proceso en 93.000 JUS.

De acuerdo con el valor actual del JUS consignado en la presentación, esa base equivale a $3.996.537.360. A partir de ese cálculo, Fernández Paz reguló honorarios por $1.198.961.208 para los abogados de la parte actora, Gustavo Alfredo Quiroga e Ivana Romina Muzevich.

Para la Fiscalía, la resolución resulta contradictoria porque la propia jueza había sostenido que el proceso era de monto indeterminado por tratarse de una acción preventiva de daño ambiental, pero luego le asignó un valor equivalente al doble del presupuesto estimado de la obra que finalmente no se ejecutó.

“La jueza ha decidido inventar un criterio propio, apartándose de toda la normativa vigente aplicable al caso”, sostiene la denuncia. También se cuestiona que haya regulado honorarios como si existiera una parte vencedora, cuando el proceso no tenía sentencia definitiva y se encontraba en una etapa inicial.

Otro de los puntos señalados es que Fernández Paz ya había dictado una resolución anterior, en mayo de 2025, en la que había equiparado el proceso a un amparo y regulado 45 JUS para cada profesional, por considerarlo de monto indeterminado. Posteriormente dejó sin efecto ese criterio y avanzó con una regulación millonaria.

En ese marco, la Fiscalía fundamentó el pedido de suspensión preventiva en la gravedad institucional de los hechos denunciados, el impacto económico de la resolución cuestionada y la necesidad de preservar la confianza pública en el Poder Judicial mientras se sustancia el proceso. Asimismo, destacó que la solidez documental y probatoria aportada otorga el grado de convicción suficiente en esta instancia preliminar para admitir la seriedad del reproche constitucional.

Zárate advirtió que, de acuerdo al último informe elevado a la Legislatura provincial por la Fiscalía de Estado, ante el Juzgado Civil, Comercial y Ambiental N°5 tramitan actualmente 37 causas judiciales en las que el Estado provincial es parte. Estos procesos podrían verse afectados por la continuidad de la magistrada en funciones frente a la denuncia formulada, en detrimento de los derechos del Estado.

La Fiscalía también afirmó que la magistrada omitió aplicar pautas de la Ley de Honorarios, el Código Civil y Comercial y antecedentes del Superior Tribunal de Justicia. Además, sostuvo que la decisión afectó el principio de congruencia, el derecho de defensa y la obligación constitucional de dictar sentencias fundadas en el derecho vigente.

En la denuncia se dimensiona el impacto económico de la resolución. Se compara el monto regulado con bienes y servicios que el Estado podría adquirir, y se señala que los honorarios equivalen, entre otros ejemplos, a 39 patrulleros, 78 motos para la Policía, 18 viviendas familiares, 11 ambulancias de mediana complejidad, 1.651 chalecos antibalas, 2.173 sillas de ruedas, 809 camas ortopédicas o 69 respiradores artificiales.

La presentación también menciona otras causas en las que, según Fiscalía, se advierte un presunto patrón de conducta de la jueza. Entre ellas, un expediente en el que el Estado provincial es parte vinculado a San Jorge Cereales y Hacienda S.A., y causas de ejecución prendaria de Volkswagen S.A. de Ahorro para Fines Determinados, donde se cuestionan decisiones que luego fueron revocadas por la Cámara.

Además, se pidió que se tenga como prueba el expediente JUR 95/26, iniciado por una denuncia anterior presentada por el abogado Abel Zárate contra la misma magistrada. Según la presentación, ese caso presenta identidad de sujeto y similitud con la conducta ahora denunciada.

Con la denuncia ya formalizada, el Jurado de Enjuiciamiento deberá analizar su admisibilidad, resolver el pedido de suspensión preventiva y, eventualmente, avanzar con el proceso que podría derivar en la remoción de la jueza.