Lo ocurrido en una de las tantas causas por corrupción contra funcionarios de Alberto Rodríguez Saá que buscan impunidad se acaba de convertir en un escándalo y en este caso un juez y un fiscal quedaron expuestos dando lugar a cuestionamientos y sospechas sobre sus conductas. Mantuvieron el expediente paralizado y ahora aparece la extinción de la acción.

El juez de Garantía N°3, Marcos Flores Leyes, declaró prescripta la acción penal y sobreseyó a Miguel Ángel “Micky” Berardo y Cintia Ramírez. Fiscalía de Estado anunció que apelará y sostiene que el requerimiento para llevarlos a juicio fue realizado dentro del plazo legal.

La resolución firmada el lunes expone un nuevo escándalo sobre jueces y fiscales sospechados de parcialidad y vínculos con el Gobierno de Rodríguez Saá. Una investigación por desembolsos de unos $88 millones puede quedar definitivamente cerrada sin juicio porque, según el magistrado, no se acreditó la presentación oportuna del requerimiento de apertura a esa instancia.

Los beneficiados son Ramírez, ex secretaria de Deportes y ya condenada por corrupción en otra causa, y Berardo, ex jefe de Gabinete y secretario General de la Gobernación y esposo de Carolina Monte Riso, ministra del Superior Tribunal de Justicia. Los dos habían sido imputados por tres hechos de incumplimiento de los deberes de funcionario público. La investigación involucraba contratos con MyD Construcciones para el movimiento de suelo, el cierre y la nivelación de canchas de fútbol en La Punta.

El juez de Garantía N°3, Marcos Flores Leyes.

El sobreseimiento por prescripción no constituye una declaración de inocencia sobre esos hechos. El propio juez dejó expresamente asentado que su decisión no resuelve sobre la existencia de las maniobras, la intervención de los imputados ni el encuadre penal de sus conductas. Si queda firme, impedirá que avance su juzgamiento y así, las fuertes sospechas sobre las contrataciones y los pagos seguirán sin una respuesta judicial de fondo.

La Fiscalía de Estado apelará el fallo porque sostiene que el juez hizo una interpretación errónea sobre la legislación que trata la prescripción de la acción penal.

La actuación de Barbeito, bajo cuestionamiento

Desde Fiscalía de Estado atribuyen al fiscal Ricardo Barbeito una prolongada falta de impulso procesal. Entiende que la causa permaneció prácticamente paralizada durante dos años, pese a los reiterados reclamos para que se mueva el expediente.

Barbeito tenía a su cargo impulsar la causa y llevarla a juicio. Sin embargo, el expediente terminó cerrado porque, según Flores Leyes, no se acreditó que el fiscal hubiera presentado a tiempo el requerimiento.

El juez fijó el vencimiento de la acción penal el 6 de agosto de 2026, dos años después de la citación a la audiencia de formulación de cargos.

El pedido de apertura a juicio está fechado el 5 de agosto de 2026 y Fiscalía de Estado dejó constancia de haberlo recibido ese día. Pero Flores Leyes consideró que eso no alcanzaba: faltaba un cargo electrónico u otro registro que demostrara su presentación antes del vencimiento. Las defensas fueron notificadas el 21 de agosto.

Fiscal de Instrucción, Ricardo Barbeito.

Tras el sobreseimiento dictado en las últimas horas, Ramiro Rubio, defensor de Ramírez junto a Marcos Juárez, aportó su versión en declaraciones a San Luis 24.

“En fecha 19 o 20 de agosto fui al despacho de Barbeito. Tengo una excelente relación con Barbeito”, expresó.

Según relató, en esa visita el fiscal quiso notificarle la elevación a juicio y entonces tomó conocimiento de que Fiscalía de Estado había recibido el requerimiento el 5 de agosto. Rubio cuestionó la forma en que se había instrumentado ese trámite.

Fiscalía de Estado llevará el fallo a revisión

Fiscalía de Estado confirmó que apelará a la resolución porque considera que la acción penal no está prescripta.

“Ha sido realizado en la fecha correspondiente y por lo tanto creemos que es válido ese requerimiento”, sostuvieron  desde el organismo sobre el pedido de apertura a juicio.

Durante la audiencia solicitada por las defensas, tanto el Ministerio Público Fiscal como la representación del Estado se opusieron al cierre del expediente. Sostuvieron que el requerimiento había sido confeccionado y firmado el 5 de agosto de 2026 y puesto a disposición de la querella ese mismo día.

La audiencia donde se trató la prescripción de la causa.

Desde Fiscalía de Estado indicaron que cuentan con cinco días hábiles desde la notificación y que utilizarán esa vía para intentar revertir la decisión.

Por lo tanto, el fallo todavía está sujeto a revisión. Su propio texto condiciona los efectos previstos para el cierre definitivo a que la resolución quede firme.

Contratos y pagos antes del cambio de gobierno

El expediente se originó en contrataciones realizadas entre fines de noviembre y comienzos de diciembre de 2023, cuando Rodríguez Saá transitaba los últimos días de su mandato.

Los acuerdos con MyD Construcciones contemplaban tareas de movimiento de suelo, cierre olímpico y preparación y nivelación de dos canchas de fútbol para la colocación de césped sintético.

Durante la formulación de cargos, la acusación cuestionó la justificación de las contrataciones directas, el anticipo financiero del 70% y el pago del saldo sin constancias de ejecución y finalización de las obras. Los desembolsos investigados se realizaron entre el 4 y el 6 de diciembre de 2023, antes del cambio de gobierno del día 10. 

El ex secretario General de la Gobernación, Miguel Berardo.

También expuso que la empresa había facturado exclusivamente al Ente Deportes y señaló transferencias desde una cuenta personal de Ramírez a la del socio gerente de la firma, Miguel Ángel Acosta.

Ramírez ya condenada por corrupción

El 20 de marzo de 2026, Ramírez fue condenada a un año y seis meses de prisión en suspenso e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos. El tribunal la encontró culpable de autorizar desde el Ente Deportes pagos de bienes y servicios destinados al San Luis Fútbol Club, institución que ella misma presidía.

Fue encontrada responsable de los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y violación de los deberes de funcionaria pública.

Ex secretaria de Deportes, Cintia Ramírez.

Apurados con el champagne mientras se prepara la apelación

En medio de la repercusión por el fallo, Rodríguez Saá se mostró en un restaurante con Ramírez, la vicepresidenta del Partido Justicialista, Eugenia Catalfamo y otros allegados, con champagne incluido. El encuentro fue presentado como una celebración del sobreseimiento.

De ese modo, el ex gobernador y su funcionaria condenada por corrupción celebran una resolución que puede cerrar una investigación sobre contrataciones de su gestión sin que se determine judicialmente qué ocurrió. No ha sido declarada inocente.

Mientras Fiscalía de Estado prepara la apelación, quedan bajo discusión tanto el criterio de Flores Leyes como la actuación de Barbeito.

Para la opinión pública la cuestión excede el trámite de un escrito: está en juego la posibilidad de juzgar qué hicieron con los recursos del Estado en los últimos días del gobierno de Rodríguez Saá. Los dos ex funcionarios de Rodríguez Saá siguen sin rendir cuentas sobre el uso de fondos públicos .